Por: Tatiana Acevedo Guerrero

La parábola de Phiri

En Realizando la dignidad, la profesora Antina Von Schnitzler cuenta una historia del barrio Phiri en Soweto, Suráfrica, en donde los habitantes se oponen a la instalación de medidores de agua prepagos.

Los medidores les permiten el uso gratuito de algunos litros y, si no compran más crédito, los desconectan. Tras años de lucha, sus quejas comenzaron a tener eco entre medios y activistas. Esto desembocó en una demanda contra la ciudad, interpuesta por cinco mujeres del barrio. Todas con relatos estremecedores: una había visto morir dos niños pues no pudo apagar un incendio en su patio, ya que su crédito de agua se agotó. Otras vieron a sus seres queridos enfermarse gravemente. Durante el juicio estas mujeres contaron sus anécdotas de dolor y enfermedad. Después pasaron al estrado expertos en salud que discutieron cuánta agua es necesaria para vivir según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pese a que en las últimas instancias la demanda no fue aceptada, la ciudad decidió aumentar el mínimo gratuito en todos los hogares que se declararan “en indigencia”.
 
Von Schnitzler nos cuenta que el proceso dejó sensaciones de frustración entre el movimiento y las demandantes. Ellas eran conscientes de que no las habían escogido por su trayectoria como activistas, sino para que relataran episodios de dolor y para mostrarlas a la audiencia como mujeres vulnerables en necesidad de ayuda. Extrañaban el lenguaje de lucha contra el apartheid que incluía palabras como libertad, solidaridad, igualdad y justicia. Muchos en el barrio se negaron a adquirir la nueva agua gratis, pues consideraron una humillación pública declararse en la indigencia. A fin de cuentas la rabia no era sólo por los litros de agua, sino porque la empresa instaló los medidores en contra de su voluntad, sin consultarlos. Porque los medidores perpetuaban exclusiones e injusticias contra la comunidad negra.
 
A la luz de Phiri puede verse la aspersión de glifosato en Nariño, Chocó, Guaviare, Cauca o Putumayo. En días pasados la OMS reclasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno”. Hace dos años, Adriana Camacho y Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes, presentaron evidencia de la relación entre aspersión aérea de cultivos de coca y abortos espontáneos. Y desde algunos medios se le pide al ministro de Salud que intervenga ante el Comité Técnico Interinstitucional.
 
Es de esperar que por vía de la salud, y con estudios respaldados por la Facultad de Economía de los Andes y la OMS, pueda ponérsele fin a la aspersión aérea. Pero no está de más advertir que este camino está sembrado de dilemas éticos. Puede que nos embarquemos, por ejemplo, en un debate de expertos sobre cuánto glifosato es necesario para producir cáncer. O peor, en una pesquisa sobre el cáncer y el aborto en la que se acuda a las historias clínicas y lo más íntimo de cada familia. Pero sobre todo, por el camino de la salud (o más bien la enfermedad) gana terreno la vulnerabilidad individual sobre las demandas colectivas. Y pierde relevancia la movilización que por décadas han llevado a cabo poblaciones campesinas, indígenas y negras contra las aspersiones. Su crítica a la aspersión está tejida con otras agendas que no son médicas: el derecho a la consulta previa, a decidir sobre su territorio, a opciones de inclusión. A reparaciones, en fin, por las humillaciones y burlas de los años en que no los escucharon durante el gobierno Samper que permitió que se fumigara, de Pastrana y el Plan Colombia, de Uribe que las aumentó y de este, el gobierno de la Paz, que las perpetúa.
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