Por: Cristina de la Torre

La paz, empresa de alto vuelo

NO SIRVIÓ EL MILITARISMO PARA hacer la paz.

Noventa por ciento de encuestados por encargo de la Fundación Social en las seis regiones del país donde el conflicto alcanzó su clímax de horror opinó que sin solución negociada de la guerra no habrá reconciliación. Ni habrá paz sin desarrollo económico e inversión social. Tampoco será dable si los violentos no reconocen su responsabilidad y si la justicia no actúa con rigor. La indagación incluyó encuesta y pormenorizado estudio de campo que arroja resultados sorprendentes. En particular en los Montes de María, meca de la contienda y hoy zona piloto de la restitución de tierras. Su ubicación estratégica como corredor para el comercio de la droga y despensa del Caribe despertó la codicia de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que la tiranizaron durante décadas. La cuarta parte de su población huyó bajo la presión de 42 masacres y ejecuciones extrajudiciales sin cuento. El despojo de tierras alcanzó allí las cotas más elevadas. Y es allí donde podrían converger el Estado, por un lado, y las comunidades locales, por el otro.

El primero ha devuelto ya 200 mil hectáreas a los despojados en la zona. Su Ley de Tierras ejecutaría políticas de desarrollo rural, la mira puesta en los pequeños y medianos propietarios. Como lo corrobora el recién lanzado programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE), sustituto del estrafalario AIS, que ahora destinará el 80% del subsidio a quienes sí lo necesitan. Estas iniciativas del Gobierno bien podrían convertirse en la nuez de una política de paz, pues el problema de la tierra —se sabe— está en el corazón del conflicto. Por su parte, en Montes de María la gente no se ha quedado quieta. Esquivando balas, enjugando lágrimas, los montemarianos multiplican experiencias en búsqueda de la reconciliación: fortalecen redes y procesos de organización; les brindan a las víctimas ayuda sicológica, social y jurídica; despliegan programas de reparación y memoria colectivas, lanzan proyectos productivos.

Pero no siempre se encuentran las políticas del Estado con iniciativas de la comunidad local. Se les interpone el desdén, a veces el boicot de las autoridades regionales, celosas de una agenda que no es la suya ni la de sus oscuros aliados. Y aquí se atraviesa a su vez la desconfianza de núcleos ciudadanos hacia las instituciones públicas, tan manoseadas por parapolíticos y narcotraficantes. Pesa, además, la percepción de un Estado ausente, ineficiente y corrupto. Mas pesan sobre todo estos veinte años de menosprecio del Estado y magnificación gratuita de la sociedad civil que nos legó la ideología de la Carta del 91. Resultado, el desencuentro entre un Estado que los constituyentes percibieron como suma de todos los males y un ente etéreo —la sociedad civil— sin partidos, sin organizaciones de base, sin sindicatos. Una sociedad desactivada y atormentada por la guerra, que terminó por disolverle todo vínculo comunitario.

El experto en conflictos David Bloomfield declara que ningún proceso de paz o reconciliación en el mundo ha prosperado sin una política oficial del Estado que le dé sustento. El esfuerzo de la comunidad ha de proyectarse hacia arriba, como sucedió en Sudáfrica. La sola sociedad, sin instituciones públicas desde la cima, poco o nada puede. A la misma conclusión llega el obispo Nel Beltrán: sin una iniciativa de reconciliación desde la más alta esfera del Estado, ¿qué puede la ciudadanía? No basta la reconciliación entre víctimas y victimarios que iglesias y oenegés promueven. Ni bastan las armas. La paz es una empresa de alto vuelo político que comienza por desarrollar la sintonía entre Estado y sociedad. Desde la cumbre, con organismos como la CNRR. Desde la base, por mediación de los partidos. Dígalo, si no, la Ley de Víctimas, iniciativa trascendental del Partido Liberal que podría ser un paso de gigante hacia la paz.

 

 

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