Por: Salomón Kalmanovitz

La paz está más cerca

La guerra civil en Colombia se inició en 1946, bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que ganó las elecciones frente a un Partido Liberal dividido y que, por lo tanto, se sabía minoritario.

Laureano Gómez hacía campaña de odio ultracatólica y deshumanizaba a los liberales, quienes tuvieron que recurrir a la organización guerrillera para defenderse de las huestes del Gobierno, más aún bajo la presidencia del mismo Laureano a partir de 1950. Aunque la Violencia fue frenada por el golpe militar de Rojas y su promesa de amnistía, no fue hasta el Frente Nacional que se recogieron los odios y se procedió a erigir un sistema político excluyente de la oposición.

El Partido Comunista fue ilegalizado y su pequeño brazo armado, que operaba en la región del Tequendama, en Tolima, Caquetá y los Llanos, y cuya base era el movimiento de colonos desplazados por los chulavitas y el Ejército, se erigió en 1964 como Farc. La reforma agraria que se inició en 1961 y que tenía como uno de sus objetivos reparar a las víctimas nació débil, y cuando quiso tomar fuerza, entre 1966 y 1970, fue desmantelada por el pacto bipartidista firmado en Chicoral. Eso reafirmó la voluntad de la guerrilla de luchar contra un sistema que perpetuaba la desigual distribución de la propiedad agraria, muy degradada por la guerra civil.

Llevamos pues 65 años de conflicto interno y apenas comenzamos a avizorar su final con los dos puntos avanzados en la agenda de La Habana: profundizar la apertura política que significó la Constitución de 1991, reconociendo en especial a los movimientos sociales, y rectificando el despojo que provocó el conflicto, con el surgimiento de los paramilitares y del narcotráfico, que fuera el primer punto acordado. No se tranzaron temas como el estatuto de la oposición, que prácticamente desaparece bajo las reglas perversas que montaron los partidos en el poder, pero se va a negociar más adelante con los grupos afectados para que puedan sobrevivir. Tampoco se acordó hacer una reforma agraria sino defender la economía campesina vigente y defender los derechos de propiedad de desplazados y víctimas.

La capacidad estatal colombiana se ha venido fortaleciendo progresivamente desde los años noventa en justicia y seguridad. No fue el resultado de un solo gobernante, que se proyecta como el salvador de la patria, sino de una voluntad política compartida por varios gobiernos, partidos y movimientos sociales. El gasto en seguridad pasó de representar menos de 2% del PIB en 1990 a 6,5% en 2010 y su calidad se refinó mucho con el Plan Colombia, financiado por el gobierno de Estados Unidos. Se multiplicaron así la inteligencia y el poder del Ejército y de la aviación, que terminaron por debilitar y arrinconar a las Farc en sus fortines originales.

Un futuro en paz para Colombia sería un acicate para un desarrollo económico no sólo más rápido sino también más justo que el que hemos tenido en el pasado. Tendría que ser una sociedad donde los que más tienen paguen mayores impuestos y, en especial, lo haga la gran propiedad agraria. El Gobierno deberá también disputar y apropiar una proporción mayor de la renta minera. Esas serían las fuentes para financiar un gasto mayor que vaya en buena parte a subsanar los males que ha traído el conflicto a campesinos y colonos. Reducir en 2 puntos del PIB el gasto militar y transferirlo a objetivos sociales daría $14 billones adicionales por año.

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