Por: Rafael Orduz

La paz: ¡Hay que seguir!

Pese a la indignación ciudadana por hechos tan graves como la muerte de los soldados en el Cauca y la catástrofe humanitaria y ecológica causada por el derrame de petróleo, el proceso de La Habana requiere de un nuevo aliento. El costo social y económico para Colombia, de continuar en lo mismo de siempre, a las malas, es incalculable.

El nuestro es un conflicto que no cabe en las tipologías de los contemporáneos, en los que se baten radicalismos de tipo religioso, étnico o nacionalista. Las violentas estrategias y prácticas del ISIS, las masacres y genocidios motivadas en actos de limpieza étnica tipo Bosnia se pueden catalogar en alguna de tales categorías. No así el nuestro, degradado, brutal, con narrativas de inequidad, olor de narco y falsos positivos.

Más allá de la ira que provoca ver la inmensa nata de petróleo crudo en los manglares nariñenses, hay que reflexionar acerca de algunas características que la llamada opinión pública, metropolitana principalmente, no suelen tener en cuenta. La principal se refiere al futuro de niños, niñas y jóvenes.

Con financiamiento de USAID y OIM se realizó un ejercicio en trece departamentos para establecer cuáles serían las condiciones de paz para niños y jóvenes (Rubio Rocío, Una paz estable, duradera y sensible a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, 2015). Lo primero que llama la atención es la manera en que vemos el conflicto desde Bogotá y las grandes capitales olvidando lo que ocurre en lugares que han sufrido, por décadas, las consecuencias de la confrontación.

El conflicto ha afectado a las regiones de Colombia en forma diferenciada. No es lo mismo el Caquetá, tierra de colonos que han migrado en sucesivas olas de violencia, clave en los cultivos de coca y de presencia permanente de las Farc, que, por ejemplo, Antioquia, cuna de la industria colombiana, escenario de masacres y desplazamientos masivos, minera, cafetera y de enclave, próspera en Rionegro y paupérrima en el Atrato.

Como diferente es la presencia del Estado en su forma de proveer bienes públicos como la justicia y la seguridad que, en algunas regiones, por simple sustracción de materia, ha sido gestionada por los grupos armados.

Segundo, lo más importante, estremece verificar que hay generaciones sucesivas de niños y niñas, en determinadas regiones, para los que la cotidianidad ha estado regida por la lógica, la estética y la ética de la guerra.

Los dolores de J.Guillermo Cuadrado y Rigoberto Urán, que de niños sufrieron el asesinato de sus padres, se multiplican por miles en Chocó, Putumayo, Nariño, Santander, al lado de los del reclutamiento forzado de menores en la crudeza de la guerra, y de los de los millones de niños desplazados a las ciudades por la violencia.

Redimir a los niños y niñas y generar unas condiciones mínimas de vida con educación, saludable y promisoria, en paz, es razón suficiente para culminar el proceso de La Habana, paso previo para los descomunales esfuerzos que vendrán.

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