¿La paz o la corrupción?

He escrito muchas veces que en Colombia solemos resolver el problema que no era.

Pues con el fin de las Farc hemos resuelto la mitad de la mitad del problema que sí era: el de la construcción de un Estado moderno y democrático que se extienda sobre todo el territorio.

En efecto: el monopolio de la fuerza es la condición mínima para que exista Estado, y la presencia de actores armados ilegales que controlan pedazos del país ha sido el rasgo peculiar de nuestra historia, la fuente de las guerras civiles del siglo XIX, de La Violencia, del “conflicto armado interno”, y de las narcoguerras que venimos sufriendo desde entonces.

Esto no significa que Colombia sea o haya sido un “Estado fallido”, como se dice con tanta ligereza. Más bien hemos tenido un largo y doloroso proceso de construcción nacional, y la expansión gradual del monopolio de la fuerza sobre todo el territorio fue la tarea singular de Núñez y de Uribe —las dos figuras centrales de nuestra historia política—.

La desmovilización de las Farc es otro paso crucial en esa dirección, porque permite que el aparato coercitivo del Estado (Fuerza Pública y jueces) retome el control sobre las zonas que ocupaba la guerrilla. También por eso el desafío más obvio e inmediato del llamado “posconflicto” —la segunda mitad de la primera parte del problema— es evitar que otros actores armados ocupen esos espacios: según detalla Diego Restrepo en Razón Pública, el Gobierno le ha dado prioridad a 140 de los 262 municipios “ex-Farc” que hoy se disputa con otras fuerzas ilegales.

Pero el control militar del territorio es apenas la base del Estado. La cuestión que se sigue es si ese Estado está bajo el control de la ciudadanía o de unos pocos actores poderosos que lo utilizan para su propio beneficio: y aquí llegamos a la segunda —y principal— mitad del problema de Colombia.

Esa captura privada del Estado se produce a través del sistema electoral que controlan las maquinarias locales desde abajo y los grandes negocios desde arriba. Ellos eligen a cada concejal y a cada congresista, al presidente y su equipo de gobierno, en una especie de gangrena que lo corroe todo y que se expresa en negociados burdos al estilo del saqueo de Córdoba o de Odebrecht, o en la elegante corrupción de los decretos que enriquecen a los banqueros o a las multinacionales.

Con los ejemplos burdos que denuncian los medios es suficiente para indignar a la ciudadanía, y por eso las encuestas muestran que la corrupción podría ser el tema principal de la campaña electoral que se avecina.

Esos escándalos son la forma extrema del Estado-piñata o de la corrupción como forma de gobierno, que es el problema de fondo de Colombia.

Sólo que a diferencia de las Farc y otros actores armados, este problema no lo puede resolver ningún político por la sencilla razón de que primero tendría que ser elegido presidente por esas mismas maquinarias y empresarios corruptos.

Lo demás son discursos.

* Director de la revista digital Razón Pública.