Por: María Elvira Samper

La pelota está en la cancha del Fiscal

QUE EL GOBIERNO URIBE HIZO DEL DAS un instrumento para seguir y perseguir a personas no afectas al régimen, ya no hay duda.

Lo que empezó con unas chuzadas se convirtió en el mayor escándalo político del “uribato”, un verdadero concierto para delinquir con variedad de partituras —seguimientos, interceptaciones telefónicas y recopilación de información privada sin orden judicial, persecución, campañas de desinformación, filtración de información falsa a los medios, infiltración de la Corte Suprema y otras picardías—, cuyo propósito era desprestigiar y minar la credibilidad de magistrados del alto tribunal, opositores políticos y periodistas críticos.

Día tras día surgen más evidencias derivadas de confesiones y declaraciones que han dado ante la Fiscalía ex funcionarios de rangos altos y medios del organismo de inteligencia, que permiten atar cabos y llegar a la conclusión de que la telaraña criminal que se tejió desde el DAS, dependencia de la Presidencia de la República, no guarda relación alguna con sus funciones —“salvaguardar los más altos intereses del Estado”—, sino con asuntos de especial interés para el entonces presidente Álvaro Uribe, sin duda el principal beneficiario de la información obtenida en forma ilegal.

“El flujo de información tenía como único destinatario el alto gobierno”, declaró ante la Fiscalía el ex director de Inteligencia Fernando Tabares, quien aceptó los cargos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, y está pendiente de que un juez de garantías avale el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía. Recursos excepcionales como éste del preacuerdo (aceptación de cargos y rebaja de penas) y el principio de oportunidad (no adelantar proceso penal) son figuras jurídicas cuya aplicación la Fiscalía ha aceptado en este caso, y aunque suponen cierto grado de impunidad para quienes reciben los beneficios, su objetivo final es obtener pruebas no sólo para imputar sino para acusar a funcionarios de mayor rango. Más concretamente, al “delincuente mayor”, como le dijo el fiscal (e) Guillermo Mendoza a Cecilia Orozco, en reciente entrevista publicada en este diario (agosto 21).

Muchos caminos conducen a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y al ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, que se han declarado libres de pecado. No obstante, sus manifestaciones de inocencia no me parecen creíbles, como tampoco que Hurtado —según dice ella— sea un “chivo expiatorio”. Difícil creer que la serie de acciones ilegales, sistemáticas y generalizadas contra personas desafectas al gobierno de la seguridad democrática, fueron iniciativa de funcionarios que operaban como ruedas sueltas. Obedecen más bien a una política gubernamental que no concebía contradictores sino enemigos: aliados del terrorismo, apátridas, idiotas útiles de la guerrilla, sesgados ideológicos…

“El país ya conoce la verdad, hace falta justicia”, dijo hace unos días Ana María Bidegain sobre el asesinato de su esposo, el magistrado Carlos Horacio Urán, tras la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Lo mismo podría decirse con respecto al escándalo del DAS. El balón está en la cancha del fiscal Mendoza, muy diligente a la hora de aceptar la renuncia —supuestamente por lentitud e ineficiencia— de la fiscal delegada ante la Corte Suprema Ángela María Buitrago, que tenía a cargo casos tan sensibles como los del Palacio de Justicia y del ex director de fiscalías de Antioquia Guillermo Valencia Cossio, pero tan moroso en la investigación que se acerca peligrosamente a la Casa de Nariño. ¿Será que le hace falta lo que sabemos?

 

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