Por: Alvaro Forero Tascón

La pérdida de estabilidad del sistema político

Entender la protesta social requiere mirarse el ombligo, en lugar de reducirla a que es producto de vientos del sur y de problemas que “han envejecido mal”.

Fallar en el diagnóstico de lo que sucede en la coyuntura colombiana puede ser peligroso. Una gripa mal cuidada puede volverse crónica. Una enfermedad mal tratada puede volverse grave.

Las calles son solo uno de varios indicadores de una crisis de gobernabilidad que está llevando al serio debilitamiento del sistema político. Obedece a varias razones, obviamente, pero puede tener origen principalmente en la falta de comprensión del momento histórico del país, que es de transición y que demanda cambios desde el Estado para atender los de la sociedad.

Una transición entre un sistema político muy estable, gracias a la naturaleza política del conflicto armado, y uno inestable por la pérdida de ese factor, que legitimaba un sistema marcadamente anticomunista. Porque las Farc representaban una amenaza para el Estado, y por ende legitimaban a las fuerzas que las combatían: los gobiernos, los partidos políticos, las Fuerzas Militares y en general las élites que les daban soporte. La agudización del conflicto armado generó en la primera década de este siglo un consenso político inusitado y una legitimación del Estado sin precedentes. Desarmadas las Farc y desaparecido su fantasma, el castrochavismo, el sistema político perdió buena parte de su capacidad de representación de las preocupaciones de los ciudadanos.

El cambio es difícil de percibir porque implica un mundo nuevo que no ha terminado de nacer y uno viejo que no ha terminado de morir. Pero es un cambio de fondo, que generó un desplazamiento de valores preponderantes y de prioridades. Los valores del cambio, propios de épocas de paz, vienen reemplazando a los de conservación que se generaron con la crisis de seguridad de principios de siglo y que permitieron el surgimiento de un fenómeno de populismo autoritario, con una acentuada inclinación retardataria que llevó el péndulo político fuertemente hacia la derecha y del que queda poco, como muestran las encuestas de favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe.

Las prioridades nacionales han dejado de estar vinculadas a la seguridad y la autoridad, y están siendo reemplazadas por las sociales, impulsadas también por otro cambio de fondo, el de la arquitectura socioeconómica del país: el ingreso a la clase media de millones durante los últimos 15 años, con el consecuente aumento de la demanda de bienes públicos, como la educación superior, y la adquisición de mayor conciencia sobre los derechos ciudadanos.

El presidente Duque considera que gobierna bajo condiciones similares a las de la administración Uribe, cuando han desaparecido casi todas. Terminado el principal generador de gobernabilidad en el Congreso, en las elecciones locales, en las encuestas y en su propio partido, en medio de un panorama de alta polarización y baja legitimidad de las instituciones —en el que su partido tiene tanta responsabilidad—, el Gobierno no ha entendido la necesidad de construir uno nuevo. Para lograrlo necesita ubicarse en el centro del espectro político y construir una agenda inclusiva que le genere apoyo político partidista y ciudadano.

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