Por: María Elvira Bonilla

La playa gris de Santa Marta

La arena blanca y el tranquilo mar azul hacían de las playas de Santa Marta unas de las mejores del país.

Pero ésta, como tantas riquezas naturales de Colombia, forma parte del pasado. La marea que sube llega con el ripio del carbón que van dejando los barcos cargueros que transportan las toneladas de material que desde hace casi veinte años la Drummond extrae de la superficie del Cesar. En 1995 transportaban un millón de toneladas, mientras el año pasado alcanzaron los 24 millones. Un trabajo hecho de una manera tan rústica y descuidada que su poder de contaminación ha sido capaz de transformar negativamente el paisaje caribe.

Símbolo patético de la debilidad de los sucesivos gobiernos frente a la explotación minera por parte de nacionales y extranjeros. Y especialmente con las multinacionales. La llegada del capital extranjero, la llamada “confianza inversionista” que tanto entusiasmo generó, produce una suerte de espejismo, de falsa ilusión de desarrollo que paraliza y somete a la voluntad política y a la acción estatal. El gobierno arrodillado finalmente se deja imponer las condiciones con tal de recoger unas regalías que poca riqueza le han dejado al país.

La transformación de esas bellas playas, enmarcadas ahora por una fila de cargueros que esperan durante días la llegada del carbón desde el Cesar —un departamento donde los billones de las regalías han servido para alimentar violencia y corrupción en vez de desarrollo—, es sólo un tímido reflejo de la debilidad de una autoridad ambiental que nunca ha sabido defender los invaluables y limitados recursos naturales, bajo la forma del peor capitalismo salvaje: privatización de utilidades y socialización de pérdidas, en este caso ambientales. La Drummond abrió el camino de hacer lo que se les venga en gana y el precedente quedó desde entonces sentado.

El golpe a la naturaleza que dejará el boom minero es impredecible y en buena medida insubsanable. No hay nada que despierte más la voracidad humana que el oro, la plata, el petróleo, el níquel, el carbón. Y en eso estamos, en una explotación minera desbocada. Son exfuncionarios del Estado que en su momento redactaron las leyes, los que ahora aterrizan en las multinacionales asesorándolas para hacer de las rutas normativas verdaderos atajos que faciliten la explotación minera de cualquier manera.

No se trata de ser antiminero, pero sí de controlar la codicia que la acompaña. El cuadro que pinta de la situación actual el exministro de ambiente Manuel Rodríguez es aterrador. De 2.000 títulos mineros concedidos, pasamos a 8.000, que cubren el 8 por ciento del territorio nacional. Se han dado licencias en páramos y en parques naturales. No hay fortaleza institucional para atender la realidad actual de Colombia con 8.500 nuevos títulos mineros, 19.000 que hacen cola y 3.600 operaciones ilegales generadoras de una catástrofe ambiental sin nombre, acompañada de un desastre social y que termina por alimentar el poder corruptor de las regalías en las regiones. Las playas de Santa Marta ya no volverán a ser las mismas y como van las cosas, los niños terminarán haciendo castillos de carbón.

Adendum

¡Mis respetos para la señora fiscal! Qué contraste con sus antecesores inmediatos adictos al micrófono y al pantallazo, que hablaban mucho y hacían tan poco.

 

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