Por: Cartas de los lectores

La Policía y los casos de abuso sexual

Frente a algunos señalamientos públicos sobre la supuesta incapacidad de la Policía Nacional para tratar adecuadamente casos de abuso sexual, como el denunciado por la teniente Kelly Johana Sierra Pineda, la institución se permite compartir con los lectores de El Espectador las actuaciones adelantadas en aras de esclarecer a la mayor brevedad los hechos acaecidos el 24 de noviembre de 2018, en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Cesar.

Desde el momento en que se conoció el caso, la institución activó la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, tanto para el acompañamiento psicosocial como para el desarrollo de las investigaciones disciplinaria y penal.

Lo primero que se hizo fue activar la “Guía de orientación frente a casos de violencia contra la mujer, familia y género en el interior de la institución”. A través del Área de Sanidad y del Grupo de Apoyo Psicosocial del Comando de Policía Cesar, la teniente comenzó a recibir atención médica y habló con la trabajadora social.

Dos días después, el Área de Sanidad dispuso de tres citas médicas prioritarias. El día 27 de noviembre, según informe del Comandante del Departamento de Policía Cesar, la escuchó en su despacho y le autorizó pasar su excusa del servicio en otro departamento, al lado de su familia.

El 3 de diciembre fue atendida en el Hospital Central de la Policía en Bogotá. Y, tras su retorno a Valledupar, el Comando del Departamento dispuso de un vehículo institucional para sus desplazamientos, atención el 6 de diciembre en el Hospital Rosario Pumarejo, para asistir a otra cita médica, y luego trasladarla a la Fiscalía. El 12 de diciembre un especialista le concedió una incapacidad de 30 días por ortopedia debido a una lesión en la rodilla.

Se le concedió nuevamente el permiso solicitado para estar al lado de su familia, en el departamento de Antioquia, donde se le ordenó al Grupo de Apoyo Psicosocial de la Seccional de Sanidad Antioquia y a la Dirección de Bienestar Social continuar con el acompañamiento para ella y su grupo familiar, tal como ocurrió el 28 de diciembre, el 9 y 11 de enero. De igual manera, en este mismo mes ha recibido atención médica en siete oportunidades.

De manera paralela, el 25 de noviembre de 2018, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía Cesar aperturó la respectiva investigación disciplinaria, siendo notificado el capitán Eduardo Andrés Merchán Prieto como sujeto procesal; y el 27 de diciembre se le hizo auto de citación a audiencia, la cual quedó programada para el 10 de enero, pero no se realizó porque un día antes la Procuraduría General de la Nación le notificó oficialmente a la institución que asumía el poder preferente de la investigación disciplinaria.

Dentro de la investigación disciplinaria también se escuchó en declaración bajo juramento a ocho funcionarios del Departamento de Policía Cesar: un teniente coronel, tres capitanes, un teniente, un subteniente, un patrullero y un auxiliar de policía, y se recaudó material probatorio con las valoraciones médico-legales, tanto de la teniente como del capitán.

El 6 de diciembre esa Oficina de Control disciplinario remitió el expediente a la Inspección Delegada de la Región de Policía N° 8 para que, en razón de su competencia, continuara con la investigación, que incluyó solicitar a Medicina Legal el informe técnico realizado a la teniente, recoger información de cámaras de video y copias de minutas del casino de oficiales del Comando de Policía Cesar y escuchar en declaración a los médicos que valoraron a la oficial.

También se le solicitó a la Fiscalía General de la Nación copia de las principales piezas procesales recopiladas por el ente investigador, entre ellas el informe pericial de Medicina Legal y la entrevista realizada a la teniente. Es de resaltar que la oficial fue citada en dos oportunidades para que ratificara y ampliara la queja, sin presentarse por estar con excusa de servicio.

Y en cuanto a la investigación penal, el 7 de diciembre, el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar profirió la orden de captura contra el capitán, notificada a la Policía Nacional el 27 del mismo mes, la cual se hizo efectiva de inmediato, con la presentación del capitán en La Guajira y traslado de la Policía al Cesar, teniendo en cuenta que la institución siempre conoció el paradero del investigado. Al día siguiente, tras la audiencia de legalización de captura y formulación e imputación de cargos, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar lo cobijó con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Adicionalmente, desde que asumió el nuevo director general de la Policía Nacional, ante varias emisoras se pronunció lamentando el hecho, informando las acciones adelantadas y rechazando cualquier situación que afecte la integridad de las mujeres. También le autorizó su traslado al departamento de Antioquia, donde reside su familia, así como el aplazamiento de su curso de ascenso para el mes de mayo.

Asimismo, el 27 de diciembre, la Policía Nacional envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación en el que se precisaron las distintas actuaciones realizadas.

Todo lo anterior ratifica que la institución ha sido transparente y contundente en este caso, tal como lo ha sido con todas las denuncias de su conocimiento, procurando no revictimizar a la oficial y respetando el debido proceso, los procedimientos y los protocolos que ameritan este tipo de casos.

Cabe recordar que la Policía Nacional es abanderada en inclusión y en la lucha contra la violencia de género. En 2015 puso en marcha la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y Género (EMFAG), atiende las 24 horas del día la Línea 155 de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia y lidera el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres.

El mensaje de la Policía Nacional hacia todas las mujeres de Colombia, incluidas la teniente Kelly Johana Sierra y las otras 17.630 que laboran en la institución, es uno solo: respeto absoluto por cada una de ellas, rechazo, condena y acción contundente frente a cualquier intento de agresión o maltrato y acompañamiento y solidaridad cada vez que lo requieran.

Policía Nacional de los colombianos

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