La política contra las drogas

La llamada guerra contra las drogas, como su propio nombre lo indica, estuvo basada fundamentalmente en la represión, sobre el supuesto de que es un mecanismo suficiente para reducir el delito. Como parte de esa idea, en Colombia se usó la aspersión con glifosato; ella suponía un alto riesgo para la salud de los habitantes de aquellas regiones donde se lo utilizaba, porque requiere concentraciones más altas de las utilizadas en los cultivos lícitos y porque la altitud a la que por seguridad vuelan los aviones disminuye su precisión. Pero su ineficiencia radica en que al destruir cultivos, sin darles una alternativa a quienes se dedican a esa ilícita actividad, no soluciona el problema; o vuelven a sembrar en el mismo sitio, o se mueven a otros territorios donde la fumigación sea más difícil, como en la frontera ecuatoriana, o donde esté prohibida por la Corte Constitucional, como los parques naturales o los resguardos indígenas.

Cuando en 1994 se comenzó a usar el glifosato en Colombia, había 44.700 hectáreas de coca detectadas por la Policía; desde ese año hasta el 2015, se fumigaron aproximadamente 1’900.000 hectáreas, y cuando se suspendió el reporte fueron 96.000. En resumen, durante 21 años destruimos con glifosato casi dos millones de hectáreas, y quedamos con un poco más del doble de las que existían cuando comenzó el programa.

Otra herramienta de esa guerra fue la persecución penal, no limitada a las grandes organizaciones criminales, sino dirigida también contra los consumidores. En Estados Unidos, entre prisiones estatales, federales y cárceles, en 1980 había 40.900 detenidos por delitos de drogas; en 2014, en esos mismos sitios de reclusión había 488.400 personas por idénticas razones. Esto indica que después de 34 años de castigar con cárcel a todos quienes integran los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico, su número no solo no se redujo, sino que aumentó de una forma desmesurada. Mientras durante los años en los que se usó el glifosato en Colombia las hectáreas de coca crecieron en un poco más del 100 %, durante los años en que EE.UU. ha puesto especial énfasis en la represión contra todos los vinculados a las drogas ilícitas, incluyendo a los consumidores, el número de encarcelados por esos delitos se incrementó en poco más de 1.000 %. Si el propósito de esa guerra era la represión, no cabe duda de que ha sido un gran éxito; pero si lo que se buscaba era disminuir el negocio de las drogas ilícitas, es evidente que sus resultados han sido muy limitados.

Lo que Colombia propuso ante Naciones Unidas en 2016, y ahora comienza a aplicar, es un tratamiento diferencial: represión policial y judicial contra las grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; enfoque prioritario de salud pública para los consumidores, y programas integrales de sustitución de cultivos ilícitos para los pequeños productores de coca. Para quienes se pregunten por qué no seguir aplicando las mismas fórmulas que se idearon cuando se anunció la guerra contra las drogas, conviene recordar una antigua frase de Einstein: es una tontería seguir haciendo siempre lo mismo, esperando resultados distintos.