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hace 55 mins
Por: Arlene B. Tickner

La política del avestruz

En días pasados el gobierno Uribe recibió varias malas noticias. Un informe del Acnur estimó que el desplazamiento asciende a 3 millones de personas. De un millón de colombianos desplazados durante los últimos 5 años, 200.000 lo fueron en 2006 y 250.000 en 2007.

Por su parte, el Sistema de Monitoreo de Cultivos de Coca (Simci) de la ONU reportó que los cultivos ilícitos en el país crecieron un 27% en 2007. Si se suma a lo anterior el aumento de los homicidios de sindicalistas en lo que va de 2008, el asesinato de 89 líderes de los desplazados en los últimos cuatro años según la revista Semana y los tres casos de muerte o lesión que se presentan al día por minas antipersonales, el retrato que emerge es similar al de países como Sudán o Afganistán.

Si bien estas estadísticas no tendrán mayor impacto ni debate dentro de Colombia, cuya población urbana se ha vuelto insensible ante la cruda realidad del campo, a nivel internacional su significado es indiscutible, ya que pone en cuestión las bondades de la política de seguridad democrática.

Uno de los ejes de la política exterior de Álvaro Uribe ha sido involucrar a distintos actores externos en la situación interna del país. Sin embargo, la práctica de rechazar sus dictámenes cuando no coinciden con los del Gobierno se ha vuelto habitual. Además del desconocimiento sistemático de los organismos de derechos humanos y más recientemente, de los congresistas demócratas ante su negativa a aprobar el TLC, el turno ahora es para la ONU.

A pesar de que el Simci es un instrumento aplicado en varios países productores alrededor del mundo, que goza de una enorme legitimidad y que es reconocido inclusive por Estados Unidos que viene reportando muchas más hectáreas en Colombia, la administración Uribe ha decidido poner fin al convenio que tiene con la ONU con el argumento de que las cifras registradas 99.000 hectáreas de hoja de coca no corresponden a los enormes esfuerzos de las autoridades colombianas por fumigarlas y erradicarlas manualmente.

El hecho de que algunas de las mayores alzas se presenten en zonas en donde la fuerza pública ha concentrado sus esfuerzos por combatir a las Farc y/o aquellas en donde bandas emergentes de ex paramilitares estén activas, constituye una fuente adicional de molestia, ya que desmiente la tesis oficial de que la hoja de coca se limita a territorios todavía controlados por la guerrilla.

La invitación que el Gobierno colombiano ha hecho a la comunidad internacional a participar en diversas facetas de la problemática nacional tiene como contrapartida la obligación de rendir cuentas a sus socios externos. Aunque es costumbre del presidente Uribe rechazar todo aquello que no confirme los éxitos de sus dos mandatos, la terminación del acuerdo con el Simci no sólo es absurda, sino que pone en riesgo la credibilidad del país en la lucha antidrogas y plantea la posibilidad de un mayor aislamiento mundial.

Profesora titular Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes.

 

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