Por: Nicolás Rodríguez

La política del glifosato

Hace algunos años, en 2002, cuando ya iniciaba Álvaro Uribe su mandato, un congresista norteamericano defendió el uso de los herbicidas en Colombia con el argumento de que no son muy diferentes de los que emplea la gente en sus jardines. Se refería al glifosato, evidentemente, pero no al jardín de su casa, y con seguridad que tampoco al de su partido republicano.

Mucho veneno después, hubo algunas modificaciones en la política antidrogas. Uribe, otro entusiasta del glifosato, introdujo la erradicación manual. Y aunque para nadie hubo disculpas, hasta Antonio Caballero le dio la bienvenida al gesto.

Hoy por hoy, sin embargo, el glifosato hace parte de la estrategia en algunas zonas, para algunos casos, y nunca quedaron claras las razones por las que las avionetas fueron descartadas. O bueno sí, sí hubo explicaciones. Se trata de una técnica “más barata” que permite “más esfuerzos con menos recursos”, según lo dijo el entonces ministro Juan Manuel Santos.

Los efectos sobre las personas, sus cuerpos y cosechas, entonces, no venían a cuento. Por el contrario, se fumigaron ciudadanos. También parques naturales. Y reservas. Los jardines del país entero. Incluso fronteras, otros países, otros ciudadanos. Y aunque hubo quejas, pudo más la “guerra contra las drogas”. La política, pues, de la genuflexión ante los EE. UU. El arte de la rodillera.

Ante este panorama no es de extrañar que las recientes movilizaciones de campesinos en el bajo Cauca antioqueño sean estigmatizadas (y repudiadas) con tanta facilidad. También lo fueron las anteriores, pues no son las primeras. Palabras de Uribe hace unos años, en Tarazá, en donde también defendió la extradición: “Antes de hablar aquí de las soluciones sociales, vengo a hablar de las soluciones de autoridad y (sic) apoyar la Fuerza Pública”.

Una fumigada más, por si acaso, pues la guerrilla acecha, presiona y saca provecho. Y a los campesinos, en la mitad, poco les creen.

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