Por: Alvaro Forero Tascón

La pregunta

¿La férrea oposición del expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz obedece a una posición de principios o a su conveniencia política personal?

Es necesario que el país responda esa pregunta, porque tiene implicaciones políticas enormes. La oposición apasionada de Uribe al proceso puede llegar hasta a imposibilitar la paz, por vía de proselitismo en contra de un eventual referendo refrendatorio. Ya devolvió la política a los niveles de polarización de la mitad del siglo pasado, cuando Laureano Gómez fustigaba obsesivamente al gobierno liberal con escándalos de malos manejos. Uribe no puede hacer lo mismo porque los escándalos son de su gobierno, pero fustiga a Santos con temas militares y de comportamiento político.

La pregunta no es caprichosa. Está sustentada en revelaciones que muestran que durante su gobierno, Uribe no sólo buscó iniciar un proceso de paz con las Farc, sino que ante la reticencia de la guerrilla, ofreció más de lo que ha concedido Santos. Si la respuesta fuera que lo que busca el expresidente es su conveniencia política personal, se daría lo que describe Antonio Caballero: “ni Uribe ni Ordóñez son tontos para creer su mentira, pero las manadas que los siguen les creen todo lo que inventan”.

Daniel Coronell reveló una carta dirigida a Pablo Catatumbo, en que el gobierno Uribe “les ofreció a las Farc la posibilidad de desmilitarizar un área, de discutir con esa guerrilla la aplicación de la extradición si había proceso de paz y efectuar un cese bilateral del fuego”. Escribió Coronell que el mismo día de la carta, 3 de octubre de 2006, Uribe afirmó en una conferencia de prensa: “Seguramente un acuerdo con el Eln y con las Farc va a exigir unas normas más benignas que las que hoy están en la Ley de Justicia y Paz”. Y remató diciendo “Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, ese obstáculo seguramente habrá que removerlo por una norma constitucional”. Concluye Coronell: “Cuando la tentativa de paz era suya, al senador Uribe no le parecía que los guerrilleros debían ser inelegibles para siempre y que llevarlos al Congreso fuera un acto de impunidad”.

La semana pasada el senador Armando Benedetti reveló que en un proyecto de ley estatutaria el gobierno Uribe planteó en 2003 “suspensión condicional de penas privativas de la libertad, la libertad definitiva y castigos alternativos a la cárcel para miembros de grupos armados al margen de la ley que hicieran parte de un proceso de paz” (El Tiempo). Y recordó Benedetti que ante las Naciones Unidas, Uribe dijo que le había ofrecido al Eln excarcelación a cambio de renuncia a actividades armadas, y lo siguiente: “Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia …”.

Más que una respuesta del expresidente, quien ha preferido atacar duramente a Coronell en lugar de responder serenamente, se necesita una reflexión pública sobre el tema. Álvaro Uribe tiene derecho a cambiar de opinión, pero los colombianos, especialmente los que le creen ciegamente, también tienen derecho a saber que algunas posiciones del expresidente no son de principio, sino fruto de la actual coyuntura política.

 

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