Por: Óscar Alarcón
Macrolingotes

La presión a las cortes

En Colombia, cualquier ciudadano puede acudir ante la Corte Constitucional, no se necesita que sea abogado, para demandar una reforma constitucional o una ley porque considera que viola la Constitución. Esa facultad la tenemos a partir de 1910 y se conoce como acción popular de inconstitucionalidad. En los EE. UU. no lo puede hacer el ciudadano, pero la Corte Suprema Justicia es la guardiana de la Constitución.

Ello en virtud del famoso fallo del juez Marbury contra Madison en 1803. La decisión creó la jurisprudencia de que la Corte podía declarar inconstitucional una ley cuando la considerara violatoria de la Constitución. Su posición fue la siguiente: “La Constitución controla cualquier acto legislativo que se le oponga, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley, una ley del Congreso que pugna con la Constitución debe considerarse inexistente. Si, pues, los tribunales deben tomar en cuenta la Constitución, y la Constitución es superior a toda ley ordinaria del Legislativo, entonces la Constitución y no la ley ordinaria tiene que regir en aquellos casos en que ambas sean aplicables”.

Los jueces estadounidenses aplican desde entonces esa jurisprudencia, pero allí no tienen una norma escrita que lo diga, como sí sucede en nuestro país. Eso es propio de un Estado de derecho, pero en cambio no puede tener esa condición cuando funcionarios de esa nación pretenden, en Colombia, presionar a las cortes quitando visas y escondiendo pruebas. En fin, juegan con nuestra justicia ante la mirada complaciente de nuestro gobierno. El problema de Santrich no es si lo extraditan o no; lo que hay en el fondo es que quienes anunciaron que iban a acabar con los acuerdos lo que buscan ahora es desprestigiar el proceso, que es otra manera de hacer trizas la paz.

El futuro no está claro, no se ve, sobre todo cuando el principal implicado es un ciego.

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La presión a las cortes

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