Por: Yesid Reyes Alvarado

La propuesta de reforma a la justicia y los congresistas

La creación y puesta en funcionamiento de la Fiscalía significó un gran avance para la justicia penal en nuestro país.

Mientras decisiones que afectan derechos fundamentales, como las interceptaciones telefónicas, los allanamientos o las detenciones preventivas, fueron entregadas de manera privativa a los jueces de la República, a la Fiscalía se le confió la facultad excluyente de investigar la comisión de delitos y llevar a sus autores o partícipes ante los tribunales. Esta separación de funciones permite un ejercicio más equilibrado de la acción penal, porque la Fiscalía no puede restringir derechos fundamentales y los jueces dictan sentencia con un elevado grado de imparcialidad por no haber intervenido en la búsqueda y recolección de las evidencias.

La concepción monolítica de una Fiscalía orientada a la investigación permite que los delincuentes sean enfrentados de manera institucional, sin que las actuaciones de sus agentes puedan ser tenidas como formas aisladas de combatir el crimen. Pero esa misma estructura impuso la eliminación de una doble instancia en esa primera fase del proceso, reservándola para la etapa del juicio. Así se consiguió una saludable independencia y autonomía tanto de los fiscales como de los funcionarios judiciales, al separar las labores de averiguación de las de juzgamiento y garantizar el ejercicio de recursos sólo frente a decisiones de los jueces.

Pero curiosamente los procesos penales contra los parlamentarios fueron excluidos de esa regulación, de tal manera que para ellos no se previó ni la separación de las funciones de indagación y decisión, ni la doble instancia. Con el propósito de enmendar esas falencias, el proyecto de reforma a la justicia prevé la creación de dos nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia; una de ellas tendría a su cargo las labores de investigación y a la otra correspondería el adelantamiento de los juicios en primera instancia, mientras los recursos de apelación que dentro de ese trámite se interpusieran serían resueltos por la actual Sala Penal.

La propuesta no resuelve nada, porque sólo puede hablarse de una real separación de tales atribuciones si quienes están encargados de ellas tienen orígenes diversos y pertenecen a entidades distintas. Unos magistrados elegidos por la propia Corte y pertenecientes a una institución con claras competencias judiciales, no gozan de la autonomía e independencia necesarias para adelantar esas averiguaciones. El recurso de apelación que encarna el principio de la doble instancia está concebido para que un funcionario de superior jerarquía revise las decisiones proferidas por alguien de inferior categoría. Esa elemental característica desaparece cuando los encargados de esas labores son personas que no sólo tienen el mismo rango de quienes profieren las determinaciones que deben revisar, sino que además han sido designados en sus cargos por ellos mismos.

Sigo pensando que los congresistas deben ser investigados por una unidad especializada de la Fiscalía General, juzgados en primera instancia por los Tribunales Superiores y en segunda por la Sala Penal de la Corte Suprema.

 

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