Por: Yesid Reyes Alvarado

La protección constitucional del monopolio de las armas

Cursa en el Congreso un proyecto de Acto Legislativo que, con el propósito de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas en cabeza del Estado, prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, financiación, tolerancia, encubrimiento y favorecimiento de grupos armados al margen de la ley; la prohibición no es solo del paramilitarismo, sino que abarca a cualquier agrupación ilegal incluidas, por supuesto, las guerrillas y las bandas criminales.

Los críticos de la norma temen que pueda ser tomada como la prueba de que antes de su vigencia esas conductas estaban permitidas y que, por esa vía, el país resulte responsabilizado por su ocurrencia. El argumento no es cierto porque, como ya lo han señalado —entre otros— Rodrigo Uprimny y Gustavo Gallón, el hecho de que el Estado haya sido condenado varias veces por su intervención o tolerancia frente a ellas pone de presente que la existencia de su prohibición es internacionalmente reconocida.

Pero si eso es cierto, ¿qué sentido tiene reiterarlo? ¿Para qué decir, se pregunta una columnista, que matar abuelitas es un delito, si eso ya es sancionable? La respuesta es: para lo mismo que la Constitución prohíbe la esclavitud aunque ya existe el constreñimiento ilegal; para lo mismo que se creó el delito de desaparición forzada aunque ya existía el de secuestro; para lo mismo que se crearon el de genocidio u homicidio en persona protegida aunque ya existía el de homicidio; para lo mismo que se han creado seis modalidades de concierto para delinquir aunque también existía ya una norma que lo castigaba; para lo mismo que se creó el feminicidio aunque ya estaba prohibido matar mujeres; para lo mismo que el legislador redactó una norma que permite castigar más severamente la muerte de los ascendientes (como la abuelita), aunque matarlos ya era un crimen.

En teoría, una comunidad social podría ser regida por un número muy reducido de leyes generales, de lo cual son buen ejemplo los diez mandamientos; en materia penal, podrían parecer suficientes una veintena de normas amplias que prohíban atentar contra la vida, la salud, la libertad, el patrimonio o la integridad sexual, para citar solo unos ejemplos. Sin embargo, cuando algunas modalidades de delito afectan más a la sociedad, es legítimo que se expidan otras más precisas orientadas a impedir su proliferación. Si para proteger cada uno de esos derechos se han creado varios artículos, es porque se reconocen diversas formas indebidas de atacarlos que, en atención a la gravedad de cada una de ellas, merecen tratamientos diferenciales.

Castigar a quien comete un delito es importante para prevenir que esa conducta se reitere en el futuro; pero la sola existencia de una norma prohibitiva (aun sin aplicarla) cumple una importante función en cuanto busca reforzar determinados valores sociales. Incorporar en la Constitución un artículo que prohíba la creación o apoyo a los grupos armados ilegales tiene un contenido simbólico especialmente importante, para disuadir a quienes tienen la tentación de ser permisivos frente a su existencia.

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