La prueba técnica

Esta es una historia escalofriante de una acusación de abuso a un menor en donde es importante atenerse solo a los hechos. Nada más. Es un caso donde lo más importante es proteger los derechos del menor y por eso en esta columna se omitirán los nombres de los padres, el sexo específico del menor, los datos concretos del caso, las fechas exactas y los documentos de soporte que son habituales en esta columna semanal, para mantener anónima su identidad.

No por eso deja el tema de ser concreto. La pareja duró en matrimonio casi cinco años. Se casaron en el 2008 y dos años después resultaron embarazados después de buscar ese proceso como familia. Desafortunadamente la relación se deterioró cuando el menor cumplió dos años. Ahí empezaron los problemas para divorciarse.

En marzo de 2013 se da la separación de cuerpos entre esta pareja y se inicia el proceso de divorcio y patria potestad. A inicios del año 2015, cuando el menor tenía tres años y medio, la madre solicitó una evaluación psicológica a una reconocida terapeuta de la Universidad Javeriana.

La psicóloga concluyó que el menor había estado sometido a situaciones que ponen en riesgo su desarrollo y estabilidad emocional y que, a juzgar por su propio relato, podría haber sido víctima de un posible abuso sexual por parte del padre. Escalofriante.

La madre, pese a haber recibido de la doctora ese concepto tan estremecedor sobre las presuntas agresiones sexuales por parte del padre, solamente lo hizo público seis meses después, cuando ante la Comisaría de Familia le otorgaron visitas nocturnas al padre del menor.

Es difícil entender por qué una madre o un padre que tiene conocimiento de un posible abuso sexual decide guardar silencio durante seis meses y permite que su hijo o hija siga compartiendo con un supuesto agresor, y decide hacerlo público solo cuando pierde en su estrategia jurídica.

Aunque durante el proceso de evaluación la psicóloga de la Javeriana reconoció que no era experta en hacer valoraciones para este tipo de conductas y abusos sexuales, las conclusiones del reporte, una vez público, conllevaron a unas graves consecuencias. Como era de esperarse, esta evaluación desató un proceso y una denuncia penal en contra del padre por abuso de menores.

Nueve meses después, a finales de 2015 y basados en esa evaluación, se da una audiencia para decretar medidas de protección en la que el juez de garantías ordena a la Fiscalía que, fuera del Dictamen de Valoración solicitado a Medicina Legal, no se le hagan más evaluaciones al menor para no revictimizarlo.

Un mes después de la audiencia para decretar las medidas de protección, se realizó el dictamen por parte de Medicina Legal que concluyó que el menor se encontraba atravesando “un trastorno de ansiedad y de estrés intenso que devenía del conflicto interparental (…) y la exposición del menor a las situaciones de orden legal que se habían desencadenado tras la acusación contra el progenitor”.

Pero que, y esto es lo más importante, “desde la perspectiva forense no era preciso caracterizar y argumentar una dinámica abusiva de índole sexual en el caso examinado” y, fuera de eso, que era recomendación de los peritos “limitar la exposición del menor a situaciones de evaluación donde se reactiven este tipo de situaciones” al igual que como lo había hecho el juez de garantías.

Finalmente, Medicina Legal ordenó la “evaluación por el área de psiquiatría a los progenitores ya que el funcionamiento familiar expuesto sugiere la pertinencia de que se realice un estudio acucioso de su estado mental”. Para entonces el menor sólo tenía contacto con su madre.

Pues bien, la madre hizo caso omiso y para controvertir el dictamen de Medicina Legal pidió dos conceptos adicionales. El primero por parte de una psicóloga y el segundo a cargo de un psiquiatra. Los dos concluyeron que podía haber existido una dinámica abusiva de índole sexual por parte del padre.

Al presentarlos a la Fiscalía, la entidad le solicitó un informe al Colegio Colombiano de Psicólogos en enero de 2017 para determinar la validez y solidez de las tres evaluaciones entregadas por la madre de la víctima.

El perito designado por la Fiscalía desechó los tres conceptos aportados por la denunciante y fue más allá. El Tribunal Colombiano de Psicólogos resolvió una queja disciplinaria que se había presentado en contra de la primera psicóloga, la de la Javeriana, que emitió el estudio inicial del menor, sancionándola disciplinariamente por las irregularidades e inconsistencias científicas en el informe rendido. Un cambio en la norma que rige ese tipo de procedimientos que adelanta el ente disciplinario hizo que ese proceso reiniciara y, a la fecha, existe un pliego de cargos contra esa psicóloga. Pero las irregularidades no paran ahí.

El Tribunal Colombiano de Psicólogos compulsó copias ante la Fiscalía sobre la segunda psicóloga que emitió un concepto aportado por la madre, para que fuera investigada por ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo ya que no tenía tarjeta profesional.

Para concluir, el perito designado por la Fiscalía dio mayor validez a la valorización y dictamen de Medicina Legal, el cual descartó la dinámica abusiva de índole sexual en contra del menor, y descartó las otras evaluaciones aportadas por la denunciante.

Como respuesta, la Fiscalía solicitó una audiencia de preclusión ya que, después del dictamen de Medicina Legal, no existía evidencia para desvirtuar la presunción de inocencia del padre. Esta fue negada en el Juzgado Penal de Circuito que recibió el caso, argumentando insuficiente sustentación de la Fiscalía por lo que el juez ordenó seguir investigando.

Unos días después, el mismo fiscal encargado del caso, con los mismos elementos materiales probatorios con los que había solicitado el cierre de la investigación, dio un giro de 180 grados y ahora pidió una audiencia de imputación de cargos al padre del menor.

Es importante mencionar que los miembros de la familia de la madre denunciante son y han sido importantes miembros y actores en las altas cortes colombianas y en la justicia. Aunque no existe duda alguna de la integridad y honradez de los miembros de su familia, la sola presencia de sus importantes apellidos dentro de este caso puede hacer desbalancear la pesa de la equidad.

Después del giro de la Fiscalía, en agosto de 2017 se realizó la audiencia de imputación de cargos en contra del padre ante un juez penal del Circuito. La audiencia se desarrolló con los mismos elementos probatorios utilizados para solicitar la preclusión por parte de la Fiscalía y sin aportar ningún documento o hecho adicional a lo que se tenía en el momento en que se pidió cerrar el caso. Extraño.

Como consecuencia de esto, en enero del año pasado se realizó la audiencia de acusación con el fiscal que ahora lleva el caso, quien solicitó como prueba, de manera adicional, el interrogatorio del menor, desobedeciendo la orden expresa del juez de garantías, así como la recomendación que obra en el único dictamen pericial que existe que es el de Medicina Legal. En ese documento se solicita de manera expresa no realizarle más valoraciones al menor para evitar la revictimización.

Pero nada, el caso siguió y ahora parece que el padre enfrenta la mayor injusticia de su vida. Su testimonio se oyó en los micrófonos de W Radio el pasado 28 de marzo en una escalofriante entrevista en la que describió el infierno que ha vivido hace más de cuatro años, mismo tiempo en que no ha podido ver al menor. (Ver Entrevista).

Pero una cosa es clara, y es que en este tipo de casos hay que separarse de las versiones de los padres y enfocarse en las evidencias que obran dentro del expediente, ya que la justicia tiene que decidir en justicia, no en venganzas. Y estos casos, por lo crudos y desgarradores que son, presentan múltiples dilemas éticos y jurídicos sobre todo a la hora de proteger a los menores.

Sea cual sea el resultado, esto ya es una historia de terror donde se han destrozado muchas vidas. Muchas. Y si el padre es responsable de lo que se le acusa, los 24 años que le pueden esperar de cárcel son ínfimos para pagar sus horripilantes actos. Pero, por ahora, el acervo probatorio y, sobre todo, la prueba técnica dejan serias dudas de su culpabilidad.

@yohirakerman

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