La puerta giratoria

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Con el caso de la llamada “ñeñepolítica” va a pasar lo siguiente: nada.

Habrá indagatorias, investigaciones, más escándalos, nuevas evidencias, pero si el proceso 8.000 encalló en su intento de hacerle un juicio político al presidente de entonces, Ernesto Samper Pizano, por haber recibido dineros del narcotráfico en el último tramo de su campaña presidencial, no hay grandes esperanzas de que esta vez se haga justicia y el actual mandatario, Iván Duque Márquez, responda por sus actos ante las diferentes instancias que lo podrían destituir: Cámara, Senado o la Corte Suprema.

Las grabaciones que han salido a la luz pública sobre las diversas conversaciones de José Guillermo Hernández con varios dirigentes de provincia son piezas probatorias de lo que se ha venido denunciando, una y otra vez, desde hace por lo menos 35 años: esa dañada relación entre poderes políticos regionales y narcotráfico. Es una especie de puerta giratoria en la que se cruzan, sin mayores problemas, los mojones de lo legal e ilegal. El aguardiente, la lechona y la compra de votos son parte del folclor nacional, sólo que ese truco de lo que en otras épocas se llamaba “clientelismo”, y hoy califican de “mermelada”, hace parte de una fórmula más siniestra: el aniquilamiento físico de los opositores políticos.

Razón tiene Petro en alegar que le robaron las elecciones porque, de acuerdo con la información que se conoce, el Centro Democrático habría montado una torcida operación para “redireccionar votantes”, es decir, pagarle 50.000 pesos al que decidiera sufragar por Duque y no por otro candidato. Pero ahí no termina la corruptela. Ahora resulta que al parecer entraron, por la puerta de atrás, a las toldas del movimiento que lideraba el hoy “subpresidente”, 300.000 dólares provenientes de un acaudalado empresario venezolano.

Colombia tiene organismos de control y de investigación, y tribunales, pero carece de lo fundamental: la voluntad política para castigar a los que manejaron la operación de trampa electoral, y a su directo beneficiario, el actual inquilino de la Casa de Nariño.

El tortuoso camino de llevar a Samper a la destitución, con un acervo probatorio contundente sobre el ingreso de dineros del Cartel de Cali a las arcas exhaustas de la campaña liberal en la segunda vuelta, se cortó de manera abrupta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ahí exoneraron al mandatario más que emproblemado, y pasó a la historia la famosa frase, una especie de mantra de su defensa: “todo se hizo a mis espaldas”.

Durante los cuatro intensos años del gobierno de Samper –dedicados sobre todo a su defensa– tuvo la audacia de visitar las regiones una semana sí y otra también, y alegar con elocuencia populista que su posible juicio político era un asunto de élites bogotanas que buscaban tumbar a un gobierno supuestamente progresista. Con su falta de talento político, y una pandemia galopante, es improbable que Duque se vaya de gira por Colombia a distribuir dádivas y descalificar a sus investigadores como un grupito al servicio de intereses ajenos a la justicia.

Esta vez la maquinaria de impunidad está como nunca. Para empezar, la existencia de un fiscal de bolsillo que ha dado muestras de querer empantanar o desviar el escándalo de la “ñeñepolítica”. Un congreso de mayorías uribistas, o cercanas al presidente, que jamás harían nada por destruir la gallina de los huevos de oro: la profunda corrupción del sistema electoral –que les permite alterar las votaciones antes del conteo–, su connivencia con el crimen organizado (narcotráfico y paramilitares) y la posibilidad siempre real de sabotear, por el camino de las urnas y de la violencia, el triunfo de fuerzas políticas alternativas.

Lo que reflejan todos esos diálogos entre mafia y política, que han llegado a los medios como crudo testimonio de nuestra democracia de utilería, es que, en lo esencial, somos el mismo país de antes de la Constituyente de 1991. En la práctica, sigue el poder de los caciques, de los señores de la tierra, y su combinación exitosa de plomo y fraude. Tal vez en las grandes ciudades haya gobiernos progresistas, pero los barones electorales de pueblos y veredas, con el dinero del crimen organizado de por medio, siguen llegando al Capitolio Nacional, o a las alcaldías y gobernaciones, y sentando al mandatario de turno en el solio de Bolívar.

En las regiones, por paradojas de la historia, también se encuentra el germen de la transformación del país. Por eso la guerra sucia se ha ensañado con líderes populares locales, y las masacres se centraron en las bases electorales de territorios con una enorme tradición de lucha. De manera sistemática, esos amos electorales y sus lugartenientes han sabido destruir el tejido social (los movimientos cívicos) que, en varias oportunidades, ha amenazado la supervivencia de sus intereses políticos y económicos.

El coronavirus ha significado un paréntesis en la protesta social masiva, pero no una suspensión de los crímenes contra líderes sociales y desmovilizados de las Farc. Los resultados de las elecciones de mitaca y las presidenciales demuestran que hay un enorme deseo ciudadano de reemplazar a las castas políticas, pero aún el camino es culebrero. Porque es claro que, en el sector dominante, no hay una vocación reformista. Todo lo contrario: ha intensificado la vieja y podrida manera de hacer las cosas.

Si no pasa nada con este nuevo escándalo de corrupción electoral, que podría explicar la presencia de Duque en el Palacio de Nariño, no hay cómo afirmar que las elecciones de 2022 sí serán transparentes, con plenas garantías para todos los sectores. Seguirán, por lo tanto, la compra de votos y el exterminio de liderazgos alternativos, dos caras de una misma moneda: la secular exclusión.

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