Por: Rodolfo Arango

La reelección es inconstitucional

LA SEGUNDA REELECCIÓN PRESIdencial es inconstitucional. Una reforma constitucional, así lo sea por referendo, que permita una segunda reelección del Presidente, sustituye la Constitución, no simplemente la modifica.

La sustitución de la Constitución está expresamente prohibida en la jurisprudencia constitucional, salvo cuando se decide por una Asamblea Constituyente. No puede haber sustitución de la Constitución por referendo. Se sustituye la actual Constitución al perpetuarse una persona en el poder –nada impide que el pueblo quiera a un presidente indefinidamente reelegido– puesto que se cambia el régimen democrático en uno autocrático y absolutista. La concentración de poder desquicia los controles a su ejercicio y nos devuelve en la historia.

Es precisamente la concepción totalitaria del Estado la que ha sido superada por la idea moderna del Estado constitucional de derecho. En el ordenamiento actual, el poder de reforma constitucional tiene claros límites: los inherentes a la garantía de la igual libertad para todos. La voluntad mayoritaria no puede disponer arbitrariamente de los derechos humanos. Cualquier reforma a la Constitución que pretenda, por ejemplo, hacer de nuestra república una monarquía, suprimir la división del poder público o admitir la tortura, viola los derechos humanos y desconoce el sentido y el espíritu de la Constitución.

La Corte Constitucional, en sentencia C-1040 de 2005, dio vía libre a la reelección inmediata por una sola vez. De lo contrario, el Congreso de la República se arrogaría competencias que no tiene, siendo la Corte Constitucional la llamada a impedirlo como suprema guardiana de la Constitución. En el actual trámite de reforma constitucional para permitir una segunda reelección, sucede lo mismo. El Congreso carece de competencia para incluir la posibilidad de una segunda reelección en la ley que convoca al referendo.

Las firmas recaudadas no convalidan el vicio constitucional. Tampoco es atendible el argumento según el cual sería el propio pueblo, en su calidad de constituyente primario, quien decidirá al respecto, puesto que la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2003 dejó en claro que por referendo tampoco es constitucionalmente posible sustituir la Constitución. Sólo una Asamblea Constituyente, previa una amplia deliberación democrática, podría sustituir la fisonomía republicana del régimen político colombiano por una monárquica o absolutista que permita la reelección indefinida.

Afortunadamente el oportunismo político no tiene la capacidad jurídica de subvertir los principios constitucionales constitutivos del pacto social. Ejemplo de un oportunismo contrario a la lógica y al derecho es el de la presidenta del Congreso de la República, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando afirma que con posterioridad (no antes, como sería lo lógico) a la segunda reelección del presidente Uribe se tendrá que convocar a una Asamblea Constituyente para revisar “casi toda la Constitución” ante el impacto de la reforma sobre el régimen democrático.

¡Es como poner el carruaje delante de los caballos! El pueblo aclama a un monarca y una Asamblea Constituyente deberá luego acomodar los principios constitucionales a la voluntad popular. Por fortuna la tradición democrática del país no permite tal insólita interpretación. Pero debemos estar alerta. A las rábulas palaciegas poco importa el Estado constitucional de derecho. Para ellas sólo vale la máxima romana salus populi suprema lex.

 

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