La reforma a la justicia

Es un anhelo en toda sociedad civilizada lograr una mejor justicia. Por ello, los nuevos gobiernos plantean cambios a través de lo que aquí hemos denominado: “la reforma a la justicia”. No obstante, ni la sociedad ni sus líderes han logrado concretar un verdadero acuerdo sobre los aspectos trascendentales, porque una cosa es compartir ese anhelo y otra, muy distinta, qué es lo que debe cambiar y cómo.

Algunos identifican la reforma a la justicia como una modificación a la estructura de la rama judicial: gobernabilidad, elección y periodo de magistrados, juzgamiento de aforados y funciones electorales. Así, la reforma a la justicia equivaldría a una gran reforma constitucional.

Otros consideran, con buen tino, que la reforma a la justicia no necesariamente es eso. Se dice, y es verdad, que cambios trascendentales simplemente requieren más eficiencia, nuevas leyes y no cambios constitucionales. En esto hay mucho de cierto, pues en realidad lo que les quita el sueño a los colombianos es que la justicia del día a día funcione correctamente: no impunidad, procesos transparentes y céleres, sentencias de calidad, y despachos dignos y bien equipados en todas las jurisdicciones y territorios.

Actualmente se tramita en el Congreso una reforma constitucional, que sin duda se hundirá, como ya ocurrió en el 2012 con la fallida reforma a la justicia (era yo viceministro de Justicia y testigo privilegiado de ello). La reforma se hundirá por lo mismo, es decir, porque sobre ella gravitará un complot entre algunos congresistas y magistrados de altas cortes que la hará inviable. Por ello, la única posibilidad real de hacer una gran reforma constitucional a la justicia es mediante una constituyente, que por elemental miedo nadie convocará ni animará. Y menos ahora, en donde la polarización es tan grande que todos sospechamos de las intenciones de todos. Uno sabe cómo empiezan las constituyentes, pero no cómo terminan.

En cuanto al otro tipo de reformas para mejorar el día a día de la justicia, hay que reconocer que hemos logrado avances en los últimos años. Logramos poner en marcha una verdadera revolución: Código General del Proceso, Estatuto de Arbitraje y Código Administrativo, que hoy muestran grandes resultados.

No obstante, hay una justicia que requiere un cambio mayúsculo: la penal. La situación es preocupante: aflora la corrupción, reina la dilación en el denominado “sistema penal aplazatorio” y brotan las prescripciones. Además: gran impunidad, irrisorias condenas, absurdas rebajas y excesivos beneficios.

Se requiere que el proceso penal deje de ser refugio para todo tipo de criminales, quienes salen millonarios a disfrutar del botín, condenados irrisoriamente, absueltos o prescritos ante la indignación de la gente.

No podemos seguir teniendo un sistema penal que, en lugar de prevenir el delito, lo alimente. Debemos salvaguardar a la sociedad del actuar de los delincuentes y no al revés. Si el Gobierno quiere un cambio en la justicia, que haga una verdadera reforma en lo penal.