Por: Salomón Kalmanovitz

La reforma a la ley de educación superior

LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERsidades públicas han salido a manifestar en contra del Gobierno por sus intenciones de reformar la ley 130 de 1992.

Si unos están convencidos de que el Gobierno va tras la privatización de las entidades públicas, los más juiciosos han comprendido que la política de la administración Santos frente a la universidad pública es mezquina. Para ampliar la cobertura del sistema, del 35% actual (con el Sena a bordo) al 50% de la población en edad de estudio universitario, con partidas presupuestales que difícilmente crecen año tras año, lo que terminará sucediendo es la enmiseración de las universidades públicas y el abandono de la meta de mejorar su calidad.

La fórmula empleada en la ley propuesta es que si la economía crece a menos del 5%, el presupuesto aumenta a la mitad de esa tasa y lo hace algo más si la economía crece al 7%. Si nos atenemos al promedio del crecimiento de la primera década del siglo XXI, de 4,2% anual, el presupuesto aumentaría sólo 2,1%. Como el sector minero es un enclave sin muchas ramificaciones con el resto de la economía, su auge no va a jalonar la economía de manera importante.

Conocedores de la inconsistencia del pobre compromiso con la educación pública y las metas de ampliar la cobertura educativa superior, el Gobierno espera que universidades con ánimo de lucro llenen los faltantes de la ambiciosa meta. Pero universidades utilitarias hay muchas, aunque se definan como carentes del ánimo de ganancia, y se dedican a programas de tiza y borrador, más baratos, así que el mercado está saturado y no se va a profundizar.

Lo que sí falta es formar los profesionales y científicos que contribuyan a generar tecnología de agricultura tropical, adaptada a las condiciones de la altillanura colombiana, al Caribe o al Chocó y, podríamos añadir, para desarrollar química del carbón, además de los geólogos e ingenieros de petróleos y minas que requiere la ampliación del sector. Si además se pretende ampliar la cobertura educativa, eso cuesta dinero y requiere de una ampliación de los presupuestos proporcional a las metas.

Las universidades públicas, en particular la Nacional y la de Antioquia, han entra do en un etapa de mayor complejidad que les demanda formar más profesores en el exterior para atender programas de doctorado y de maestría, a la vez que hacen investigación cada vez más sofisticada. Algo similar aplica a unas pocas universidades privadas que tienen programas de ciencias básicas —matemáticas, biología, física y química— más programas de doctorado que son cruciales para el desarrollo futuro de una capacidad científica y tecnológica del país.

Para atender estas necesidades el Gobierno confía en que pueda utilizar el 10% de las regalías, algo que todavía está por verse en el Congreso. Una modificación que aceptó el Gobierno en el trámite de esta reforma es dejar las participaciones actuales en la distribución de las regalías, recurriendo a un promedio de lo que obtenían municipios y departamentos durante los últimos cinco años. Lo cierto es que lo único que les interesa a la mayor parte de los políticos de la Unidad Nacional es contar con las regalías para contratar con sus financistas, amigos, parientes y clientes obras en las que se maximiza el robo de los recursos públicos. Los programas de ciencia y tecnología cuentan con el inconveniente de que no se prestan muy bien para la corrupción, aunque nunca se sabe.

 

 

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