La reforma rural en los territorios es la ruta de la paz

La reforma rural con enfoque territorial es un cambio de paradigma del desarrollo rural, que se debe concebir como el desarrollo de los cien territorios del país, definidos geográficamente, que tienen distintos grados de competitividad según sus recursos naturales, infraestructura, conexión con mercados y capacidades de su población.

Se trata de un cambio estructural que implica un aumento grande de las capacidades estatales y de la acción organizada de la población, para que las iniciativas se construyan concertadamente de abajo hacia arriba, de manera que los territorios tengan la capacidad de gestión para ordenar ambiental y productivamente su geografía, lograr mayor equidad en la distribución y el uso de la tierra, y encaminar los programas en torno a una visión de futuro definida por sus pobladores. El objetivo es integrar al desarrollo los territorios que han tenido poca intervención efectiva del Estado y con eso extender su presencia y superar las causas de la violencia.

El Estado requiere un conjunto de adecuaciones y mejoras en el diseño de políticas, capacidades operativas y de evaluación, así como un mejor ordenamiento en las relaciones entre el centro, los departamentos, territorios y municipios. En el fondo, se trata de pensar las políticas sectoriales en función del desarrollo de los territorios, lo que implica que cada política sectorial debe asimilar la lógica del enfoque territorial como criterio de focalización y los órganos que dirigen la gestión de cada territorio deben ser capaces de coordinar las políticas sectoriales para perseguir su visión de desarrollo.

El Acuerdo de Paz contempló un período de 15 años para realizar los objetivos de la reforma rural y es previsible que los primeros años enfaticen la construcción de políticas públicas y la adecuación institucional para adelantarlas. Estas políticas deben responder a un diseño general que satisfaga los objetivos y contemple los medios adecuados para cumplirlos.

Además de las iniciativas de políticas públicas y la preparación de instrumentos para la reforma rural integral, existe en los territorios la conciencia de que es necesario actuar en defensa de los recursos naturales y el desarrollo desde los ámbitos locales, con lo cual han surgido múltiples iniciativas de organizaciones sociales, ONG y agencias de cooperación, nacionales e internacionales, para actuar en los espacios territoriales. Es necesario lograr el diálogo entre las iniciativas sociales, de abajo hacia arriba; con las iniciativas estatales, de arriba hacia abajo. El acuerdo agrario refuerza el rol de las organizaciones sociales, que se han extendido por todo el país y buscan la defensa del territorio. Ellas tendrán oportunidad de actuar en los ámbitos locales para proteger sus recursos naturales contra la devastación causada por la minería y los negocios ilegales.

El acuerdo agrario exige construir una política pública comprensiva y coherente para el mundo rural que integre las dimensiones de la propiedad y el uso de la tierra, todo ello enmarcado en la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de los territorios, para elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida de la población y, por tanto, para afianzar la construcción de la paz.