Por: Salomón Kalmanovitz

La reforma tributaria

EXISTE UN GRAN CONSENSO ENTRE los economistas de que el país está en mora de reformar su obtuso sistema impositivo.

Primero, el sistema refuerza la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, la peor del continente, que se deteriora después de impuestos, porque éstos son básicamente indirectos.  

El IVA y los aranceles representan 8% del PIB, mientras que el impuesto de renta ha reducido su participación al 5% del PIB. Eso fue resultado de la política de Álvaro Uribe de conceder generosas exenciones a las empresas, especialmente mineras y de petróleos, y decretar zonas francas arbitrariamente.

El impuesto a la renta en sí es inequitativo porque recae sobre las sociedades, donde los 500 grandes contribuyentes ponen más del 90% del recaudo. Las empresas, a su vez, trasladan parte de esos costos a los consumidores o a los usuarios de sus servicios, como lo hacen los bancos. Los dueños de las empresas están exentos de los dividendos porque a alguien se le ocurrió que estaban tributando doble. En Chile o Estados Unidos las empresas pagan menos impuestos que sus dueños, lo cual induce a que repartan menos dividendos e inviertan más. Y las tarifas que pagan los propietarios son muy altas, por ejemplo del 45% marginal en los Estados Unidos. Existen en Colombia además deducciones cuantiosas para los que ahorran en cuentas de vivienda, en fondos de pensiones privados y los que mantengan créditos, las que tampoco se justifican.

Los dueños de tierras esconden su riqueza y no clasifican para pagar el impuesto al patrimonio, que recae sobre los que ostenten más de 3.000 millones de pesos y que contribuyen al enorme esfuerzo de seguridad que ha hecho el resto de ciudadanos en los últimos 15 años. Sin embargo, los terratenientes son los más beneficiados de la seguridad que ha valorizado varias veces sus patrimonios. Los prediales que pagan son ridículos y explican la miseria de los municipios de tantas regiones del país, donde coexisten haciendas prósperas con parcelas campesinas paupérrimas, si no es que han sido expropiadas. Sería bueno que la DIAN introdujera en su base de datos el catastro rural (y urbano) y que lo actualizara.

En segundo lugar, el recaudo tributario está por debajo del gasto desde 1997 o sea que es estructuralmente insuficiente y debe aumentar alrededor de 4 puntos del PIB ($20 billones) para entrar en una senda de sostenibilidad fiscal. No se puede continuar aumentando el endeudamiento interno y externo indefinidamente. Eso es lo que sucederá precisamente si el presidente Santos cumple su promesa marmólea de no aumentar impuestos.

En tercer lugar, el sistema se basa en unos tributos que producen graves distorsiones. En el mercado laboral, los parafiscales y las contribuciones a la salud y a las pensiones, que equivalen al 30% de la nómina, generan mucha informalidad y desempleo. En el mercado de dinero, el 4x1.000 obstaculiza las transacciones bancarias porque es un impuesto-cascada. Se favorece así el uso del efectivo y se fomenta la evasión de impuestos, al no dejar rastro de las operaciones.

Un impuesto a la renta sobre personas naturales justo y la eliminación de tantas exenciones podrían pagar las facturas del ICBF, del Sena y del 4x1.000 más los gastos sociales pendientes; podrían subsidiar también las contribuciones a la salud (bajo un sistema unificado) y las pensiones. Ahí tiene, Echeverry.

 

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