La reforma tributaria les pega más duro a las mujeres

Partamos de un ejemplo: lo que va a pasar con los productos de gestión menstrual. En 2018, Colombia fue el primer país de América Latina en llevar a 0 % la tarifa del IVA a las toallas higiénicas y tampones. Esto fue gracias a la iniciativa #MenstruaciónLibreDeImpuestos que puso una demanda de inconstitucionalidad contra este impuesto sexista. La Corte Constitucional falló a favor con la Sentencia C-117/18. Fue un avance en el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Pero con la reforma tributaria los productos menstruales pasan de estar “exentos” de IVA a estar “excluidos”. Este tecnicismo significa que a los productores ya no se les devolverá el IVA pagado por los materiales e insumos que usaron y se van a encarecer los productos, porque el costo de ese IVA se les trasladará a las consumidoras. Es decir, quedamos peor.

No es solo eso, la reforma grava gastos ineludibles que tienen que ver directamente con los trabajos de cuidado de la vida: el “estrato 4” va a pagar IVA del 19 % por luz, agua, gas y medicina prepagada. Las pensiones de ahorro voluntario también van a tener IVA. La feminista Lola Olufemi explica en su libro Feminism, Interrupted: “Cuando gobiernos sucesivos implementan políticas de austeridad violenta para ‘balancear el presupuesto’, son las mujeres a quienes estas medidas golpean más fuerte. Como las mujeres en promedio ganan menos que los hombres, dependen de forma desproporcionada del Estado para una serie de servicios como el cuidado de niños y niñas o provisión de vivienda. El 90 % de las familias monoparentales tienen a mujeres como cabeza de familia, son madres trabajadoras que tienen ingresos medios o bajos y que están tratando de proveer para sus familias”. Las mujeres son también la clase media que saldrá golpeada con la retención en la fuente a salarios mayores a los $2,4 millones.

El problema no es sencillamente que suban los impuestos. El problema es que todo ese recaudo no se gasta pensando en el bienestar de las mujeres y mucho menos en el cuidado de la vida. Otra cosa sería si Colombia tuviera un fuerte Estado de bienestar, educación y salud gratuita para todos y todas, por ejemplo; así pagaríamos impuestos encantadas. Pero para nuestros derechos fundamentales hay recortes presupuestales. Y el costo de todo eso va a salir del bolsillo y trabajo de las mujeres de la clase media y baja, que tienen esos gastos como sus primeras prioridades. Los costos de los trabajos de crianza y cuidado de la vida son ineludibles, por eso cuando no los asume el Estado alguien tendrá que hacerlo y ese alguien suelen ser las mujeres.

No solo no se está haciendo un gasto para facilitar el cuidado de la vida, se está invirtiendo directamente en la guerra. Según Salomón Kalmanovitz para Cerosetenta, “en el gasto militar y en seguridad se proyecta un aumento significativo: $14 billones en aviones de combate (contra Venezuela que está exangüe), renovación del parque automotor de camionetas blindadas para todos los gallitos del Gobierno”. Las prioridades de un Gobierno se conocen en su cartera, y estas son las prioridades del patriarcado. La lógica que subyace es que tras el Acuerdo de Paz habrá que inventarse otra guerra, porque es altamente rentable política y económicamente para los mismos sectores derechosos y neoliberales de siempre. El escenario de destrucción que queda después de cualquier operación militar es un costo que también han pagado históricamente las mujeres.

La gran ironía es que si algo ha quedado claro en la pandemia es que todo el gasto militar para tener “seguridad” no salvó la vida de nadie y que, en cambio, los sucesivos recortes en el área de la salud sí dejaron miles de muertos. La nueva reforma tributaria es un manifiesto de las prioridades del Gobierno.