Por: Julio César Londoño

La Refundación 2.0

Sigue la polémica sobre la penalización del consumo de estimulantes en el espacio público. Alcohol, marihuana, etc. Es otro capítulo de la eterna tensión entre la libertad y el orden. Los amantes del orden proponen decapitar a los viciosos callejeros. Los partidarios de la libertad reclamamos el derecho a matarnos a punta de sólidos, líquidos o gases. La Corte Constitucional —Ley de leyes— busca un punto de equilibrio entre estas pulsiones.

Los niños y los parques son sagrados, claro, pero la humanidad es viciosa desde chiquita. Los inciensos de las sibilas griegas, el peyote, el tabaco, la coca y el yagé de los indios americanos, los alcoholes, los hongos y las resinas de los cinco continentes y los afrodisiacos de los amantes buscan, todos, alterar la conciencia para salir del bendito “yo” y acercarnos al otro. O a la divinidad. O a la fiesta y las celebraciones. A veces sobran las sustancias: bastan los ritornelos de la música, los mantras y las letanías de las religiones o las endorfinas del ejercicio físico, un opioide que la naturaleza puso en nuestro sistema endocrino.

El problema es que muy pocos conocen la cosa endocrina y el Código de Policía, y nadie ha leído la sentencia de la Corte Constitucional, que solo será pública en dos meses. Lo que muchos conocen es un abstract de la sentencia y su ruido en las redes.

El presidente y los alcaldes no han leído ni siquiera el abstract, que deja intactos 241 de los 243 artículos que componen el Código de Policía y facultan a los alcaldes y a los concejos municipales para que blinden las escuelas y las zonas sensibles de la ciudad contra la presencia de jíbaros, consumidores, bares y prostíbulos en un perímetro prudencial (ojo: faltan en la lista los pastores, los proxenetas y los amigos de los niños).

Por mi parte, reconozco que me ponen más nervioso tres concejales orando en la plaza que diez estudiantes trabándose allí.

Otro problema es que Duque, en vista de que el poder ejecutivo le quedó un tris grande, ahora incursiona en el judicial… donde lo hace peor: el presidente facultó en enero a la policía para incautar dosis personales de estimulantes, decreto que va en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que había despenalizado el porte y consumo de esas dosis en el espacio público. De manera que hoy los jueces están en un limbo jurídico. Este es el nudo que la Corte busca desatar.

Pero el problema de fondo es más gordo: lo que hay detrás de esta piadosa cruzada por los parques y los niños de Colombia es un ataque frontal a la institucionalidad, en concreto al espinazo de la paz: el jueves, la Registraduría entregó a Rosa Blanca y a otra corporación samaritana el formulario para un referendo que busca cuatro pequeñeces: a) cerrar la JEP, b) remplazarla con salas especiales en la Corte Suprema de Justicia que juzguen a militares y exguerrilleros, c) nombrar magistrados de bolsillo en las altas cortes para dinamitarlas desde adentro, d) modificar la composición del Congreso de la República.

El lunes, los bárbaros saldrán a la calle a recoger las 1’800.000 firmas requeridas para la realización del referendo por la Refundación de la República 2.0, noble empresa cuya fase 1.0 quedó trunca por la providencial traición de Juan Manuel Santos a la extrema derecha en el 2010.

No pasarán, claro. Los demócratas y la prensa libre del mundo, y los sectores más sensatos de la intelectualidad, el magisterio, las FF. AA., la política y el empresariado no lo permitirán. Pero pueden alcanzar un resultado colateral interesante: como el Gobierno no tiene nada qué mostrar, volverán a emberracar incautos con miras a las elecciones de octubre.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Julio César Londoño

Taller de escritura

¡¿El Ejército ataca a sus hombres?!

Al principio fue el silencio

A grandes males, malas respuestas