La reincorporación: Un reto para el ordenamiento territorial

Por Camilo Rueda Navarro

A tres años de la puesta en marcha del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Estado colombiano sigue adoleciendo de las adecuaciones institucionales que permitan la implementación integral de lo pactado. Una de esas falencias es la carencia de herramientas para una exitosa reincorporación en el plano territorial.

Si bien los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) constituyeron una figura fundamental para las primeras medidas del Acuerdo, su vigencia jurídica venció sin establecerse un mecanismo de transición y mucho menos sin haberse concretado su articulación con el Estado local.

A los 24 ETCR que tuvieron reconocimiento legal hasta agosto de 2019 se les suma la existencia de aproximadamente otros 70 asentamientos en todo el país, sobre todo en el ámbito rural, pero también en escenarios urbanos. Se les denomina Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), aunque sin las mismas condiciones de los ETCR y con un mayor nivel de desatención estatal.

La reincorporación es el mecanismo pactado en La Habana para que los cerca de 13.000 excombatientes farianos transiten a la vida civil con las condiciones mínimas que les permitan el ejercicio de la ciudadanía. Su articulación con la institucionalidad en el plano territorial es uno de los múltiples retos para la construcción de paz y el éxito del proceso.

En primer lugar están los cerca de 3.000 exguerrilleros que siguen el proceso en los 24 puntos que funcionaron como ETCR. En ellos se cuenta con un esquema de seguridad conformado por la Unidad Nacional de Protección, la Policía y el Ejército. Además, cuentan con abastecimiento de víveres y en todos ellos ya se implementan proyectos productivos autogestionados o financiados por la comunidad internacional u otros actores.

Sin embargo, funcionarios del Gobierno han expresado la intención de trasladarlos debido a múltiples factores, principalmente relacionados con el estatus de los predios. En un ejercicio de construcción de paz, exguerrilleros, comunidades, alcaldías, sector privado e Iglesia han sido proactivos en buscar fórmulas para que estos asentamientos continúen y se articulen con los municipios como veredas o corregimientos. Al menos 19 están trabajando en ello.

Los ETCR han sido experiencias de construcción de paz, han llevado seguridad, proyectos productivos y visibilidad a regiones históricamente abandonas por el Estado colombiano y duramente golpeadas por la guerra. Por eso, múltiples sectores han expresado favorabilidad para su continuación.

En segundo lugar, las NAR, una figura surgida espontáneamente de colectivos de excombatientes que regresaron a sus zonas de origen, de arraigo y de identidad. En ellas pervive el carácter colectivo de la reincorporación, pero no cuentan con la misma atención estatal para el acceso a derechos económicos y sociales. El reconocimiento de las NAR por las entidades estatales encargadas de la reincorporación es una necesidad.

En tercer lugar, surge la necesidad de formular e implementar un programa que facilite el proceso de reincorporación a nivel urbano, especialmente en las grandes ciudades. La reincorporación urbana no fue prevista en el Acuerdo de Paz, pese a que un porcentaje considerable de excombatientes tiene este origen (19 %, según el censo socioeconómico de 2017).

El comienzo de nuevas administraciones en las entidades regionales es una oportunidad para integrar la reincorporación a los planes de desarrollo. Los ETCR y las NAR deben articularse a los municipios y consolidarse como zonas de reconciliación. Este es un reto para el ordenamiento territorial, pero, en especial, una necesidad para la construcción de paz en las regiones.