Por: Aldo Civico

La represión de la protesta en Buenaventura

Miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar de manera pacífica. Pedían al Gobierno que cumpla con derechos fundamentales y con su obligación: asegurar el acceso al agua, a la salud y a la educación.

Como respuesta, el Gobierno activó su fuerza represiva. Las imágenes son impresionantes. Hay una multitud que camina con las manos levantadas y que clama: “No estamos armados”. Pero las esfuerzas especiales comienzan a disparar gases lacrimógenos contra ciudadanos inermes. Luego abrieron fuego, hiriendo a varios manifestantes.

No estoy hablando de Venezuela o del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estoy hablando de Quibdó y Riosucio, en Chocó, y de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Estoy hablando del gobierno del premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comentó en Twitter: “El paro cívico era una fiesta de paz. Luego llegaron el Esmad y los saqueos. Presidente Santos, Buenaventura merece algo mejor”.

De hecho, hay razones suficientes para justificar la protesta de los ciudadanos de estas regiones. La Iglesia católica, por ejemplo, ha manifestado que los habitantes de Buenaventura han sufrido “el abandono estatal, la violencia de diversos actores armados y la corrupción de muchos líderes a todo nivel”. Los obispos afirman que la protesta está justificada. Entonces, quedan mal parados el presidente Santos y su gobierno si responden a la protesta social con el despliegue del Esmad y el uso excesivo de la fuerza.

El presidente Santos tiene que actuar de inmediato para dar una señal de diálogo y de sensatez.

Criminalizar la protesta social no puede ser la actitud de una Colombia que dice estar en un posconflicto.

Por eso, el presidente tiene que ordenar una investigación por el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, hallar a los responsables y despedir a quienes han autorizado el uso de gases lacrimógeno y disparar contra los manifestantes desarmados.

Segundo, como también lo ha pedido la organización de derechos humanos WOLA en Washington, el presidente tiene que promover el diálogo entre el Gobierno y los representantes de los comités promotores de la protesta pacífica, con la veeduría de la Iglesia católica. Hoy es el diálogo, y no la fuerza bruta, el medio para resolver los conflictos sociales, procurando soluciones concretas.

En cabeza del presidente Santos, el gobierno de Colombia ha demostrado voluntad política y capacidad para llegar a un acuerdo de paz con las Farc. ¿Pero hay capacidad y voluntad de implementar los acuerdos?

En lugar de atender con el Esmad a las protestas legítimas y pacíficas de la ciudadanía, el presidente Santos haría bien en concentrar sus esfuerzos en ganar la confianza de los habitantes del Chocó manteniendo las promesas y promoviendo el diálogo. Y la fuerza y todo el peso de la ley debería caer contra los grupos ilegales que sigue asesinando a líderes sociales, como ha pasado en estos días en Nariño, Cauca y Chocó.

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