Por: Elisabeth Ungar Bleier

La sal se sigue corrompiendo

Cuando estaba diciendo qué título ponerle a esta columna, se me vino a la cabeza “cuando la sal se corrompe”.

Consciente de la falta de originalidad, decidí buscar en internet y constaté que hay referenciados muchos artículos titulados igual y, por supuesto, cientos más relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos —en muchos casos con la participación de particulares— pertenecientes a diferentes sectores: las Fuerzas Armadas y de Policía, los cuerpos de seguridad e investigación del Estado, los gobiernos locales, entidades del orden nacional, los órganos de vigilancia y control, el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales, entre otros. Y como era de esperarse, la Rama Judicial.

La corrupción en cualquiera de estos sectores es muy grave. Sin embargo, cuando sus protagonistas son los encargados de prevenir, controlar, investigar o sancionar a quienes cometen estos delitos, sus implicaciones son especialmente perversas. No sólo ponen en evidencia los graves problemas que aquejan a los órganos de control y a la Rama Judicial, sino una profunda crisis institucional que trasciende los límites de éstos. Cuando la corrupción en la justicia involucra y compromete a otras ramas e instituciones del Estado, como por ejemplo al Congreso de la República o al Ejecutivo, se fisura el sistema de pesos y contrapesos, uno de los pilares de los sistemas democráticos porque contribuye a blindarlo de interferencias y presiones indebidas, y debilita su independencia.

Los escándalos conocidos en los últimos meses y que involucran a magistrados, jueces, funcionarios judiciales, fiscales, contralores y procuradores sólo les dan la razón a quienes han denunciado los carruseles en los nombramientos, la manipulación de procesos judiciales a cambio de prebendas económicas y laborales, las intervenciones indebidas para cambiar la jurisdicción de los casos, el otorgamiento de beneficios y privilegios selectivos, la compra de testigos, conflictos de intereses, la opacidad y el tráfico de influencias en la designación y elección de funcionarios. Y, sobre todo, la captura por parte de mafias criminales de estos “servidores” públicos, que más parecen estar al servicio de aquéllas que de los ciudadanos. Frases como “yo te elijo, tú me eliges” o “yo te elijo y tú me absuelves” ya no son simples artilugios coloquiales, sino el reflejo de la realidad.

Si a esto le sumamos la ineficiencia en la justicia, la impunidad y la desproporción entre la gravedad de algunos crímenes y las penas de los culpables, además del llamado choque de trenes que en ocasiones develan enfrentamientos personales y no discrepancias sustanciales, es evidente que la crisis en la justicia ha tocado fondo y que la búsqueda de soluciones estructurales no da espera.

Esta tiene que ser una de las prioridades, posiblemente la más importante, de quienes aspiren a ser elegidos como presidente de Colombia. Los electores debemos movilizarnos para exigirles que así sea.

 

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