Por: Fernando Galindo G.

La salud: el fracaso de los gobiernos desde 1993

Durante la presentación del proyecto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer, CITIC, patrocinado por el empresario Sarmiento A., el presidente Santos aludió a los avances del sistema de salud colombiano, por la Ley Estatutaria de Salud de 2015. Igual hizo en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que agregó las “innovaciones” que Colombia presenta ante el mundo en ese sector. Posiblemente se refería a la financiación de la EPS privada Cafesalud (cuando recibió los pacientes de la liquidada Saludcoop), con dineros públicos en cuantía de $200.000 millones, operación que los analistas del derecho han tildado como delito contra la administración pública. Representantes de aAgremiaciones y asociaciones defensoras del derecho a salud presentaron ante la Corte Constitucional la denuncia por el “grave riesgo de desvíos de recursos fiscales y parafiscales” que implican los decretos 2702 de 2014, 2017 de 2016 y 718 de 2017, expedidos por el Ministerio de Salud, que establecieron las condiciones financieras y de solvencia de las EPS. El magistrado sustanciador Iván Humberto Escrucería Mayolo, en autos del 18 y 27 de agosto de 2017, acogió la denuncia y ordenó cursar copias de la misma a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia Nacional de Salud, “para lo de su competencia”.

Respecto a la Ley Estatutaria, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo anotó el 28 de abril de 2016 lo siguiente: “El sistema de salud, con todo y nueva Ley Estatutaria, y a pesar de las frecuentes promesas presidenciales y ministeriales, es completamente inoperante, y son muchas las empresas intermediarias y prestadoras de los servicios de salud —públicas y privadas— que no solamente incumplen su función sino que violan de manera flagrante los derechos de los usuarios y pacientes, lo que ha conducido a la presentación de miles de demandas de tutela ante los jueces. Porque en la actualidad la tutela es el único medio de obtener alguna esperanza de solución real y efectiva ante la enfermedad y el riesgo de morir sin atención”. Recientemente Hernández G. calificó dicha ley como “un canto a la bandera” (13/10/17).

Si alguien describió acertadamente lo que ha sucedido con el modelo del aseguramiento comercial del sistema de salud, impuesto por la Ley 100 de 1993, fue el papa Francisco, en su reciente visita a Colombia. Afirmó que “la cultura del encuentro exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común”. No ocurre así en Colombia, pues dicho sistema responde, no al estado de bienestar de los ciudadanos, sino a los intereses económicos de las empresas, ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales y de la justicia. Ejemplo vergonzoso de esa conducta ha sido el desfalco a los dineros públicos de la salud, cometido por Saludcoop-Cafesalud y otras EPS.

El papa igualmente recitó la siguiente frase: “Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir” (García Márquez, 1982), de donde se colige que la negación de los servicios de salud por parte de las EPS es, ni más ni menos, una forma de decidir sobre la vida (o la muerte) de los afiliados a esas entidades, como también lo es la corrupción que hurta los recursos aportados por los ciudadanos para sostener el sistema. Esas conductas comprometen la dignidad y la vida de los seres humanos y son delitos de lesa humanidad. No lo han interpretado así los gobiernos, que, desde 1993, se empeñan en sostener tan fallido modelo de salud.

Así las cosas, anhelamos el 7 de agosto de 2018, con la esperanza de que un nuevo gobierno restablezca la responsabilidad del Estado con la salud pública de los colombianos, desmontando el perverso sistema creado por la Ley 100.

 

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