Por: Columnista invitado

La salud: un derecho amputado

*Jose Darwin Lenis Mejía

El gobierno colombiano ha trasgredido sistemáticamente en las últimas décadas toda normatividad de protección del servicio público de Salud. Servicio al que tiene derecho constitucional toda la población, en especial los económicamente más vulnerables. Según el artículo 49 de la Constitución Nacional, la atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos en los que el Estado “le garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Así mismo, indica que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. También, la ley señala los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria”. Si bien, en el campo internacional se viven condiciones similares de vulneración de este derecho, en Colombia su incumplimiento ha alcanzado niveles tan críticos que para intentar proteger la prestación de servicios médicos básicos a los pacientes hasta en condiciones clínicas se les indilga la responsabilidad de tutelar como mecanismo restaurador que sirve de prorrogativa para recibir atención primaria del más importante derecho fundamental de un ser humano.

Los datos del informe de 2017 en Cifras e Indicadores del Sistema de Salud muestran que un poco más del 7,4% de la población del país no tiene aseguramiento de la salud, lo que equivale hoy a 3,6 millones de compatriotas echados a su suerte por el inoperante sistema de protección medicinal.

En Latinoamérica, Colombia ocupa el 10° puesto en el índice de mortalidad infantil,  la probabilidad de morir antes de los cinco años es de 16 por cada 1.000 nacidos vivos. Lo anterior, dado que aún hay regiones donde muchas personas no tienen acceso a hospitales ni a profesionales para atender  emergencias generales como una virosis, una  infección intestinal o específicas de orden respiratorio o especiales como las de un parto.

La revisión de las condiciones reales del sistema de salud se puede analizar en dos grandes temas.

Uno es la equidad en términos del acceso a beneficios, y otro es la calidad. Hasta hace algunos años parecía que bastaba con asegurar a todos, pero ahora hay que pensar qué significa esa cobertura, sin acceso a servicios de calidad.

Aunque no hay un modelo único que garantice la salud, disponer de centros hospitalarios en cantidad y calidad marca la diferencia entre vivir o morir prematuramente. Obligaciones estatales como la promoción (fomentar el mejoramiento de los entornos para generar un clima que favorezca las condiciones de salud pública), la prevención (intervención oportuna con el propósito de revertir situaciones que afectan la salud de la población), la asequibilidad (asegurar que existan instituciones médicas en calidad y cantidad para atender a  todos los pacientes), la accesibilidad ( necesidad de contar con acceso suficiente y oportuno paro toda la población que requiere el servicio), la adaptabilidad (contar con programas y atención especial para todos los pacientes que demanden condiciones y requerimientos particulares) y la aceptabilidad (ofertar programas y diseñar planes para garantizar las condiciones básicas de atención en salud a toda la población) son esenciales para aumentar la esperanza de vida.

Entonces, es realmente absurdo pensar en incrementar la edad de pensión, cuando las condiciones anteriores son escasas o inexistentes. Los fomentos economicistas de las EPS agenciados por el gobierno, el pago de medicamentos, los servicios de hospitalización y la paquidermia administrativa van en contravía de un servicio público que se prostituyo por la economía de mercado, la corrupción o las nefastas licitaciones  que se orientan en beneficio del bien privado.

Así, con un pírrico 5,9% de incremento del salario mínimo, la proliferación de una agricultura de lo transgénico, la expansión de consumo de sustancias psicoactivas sobre todo en jóvenes, la cultura del desaseo por amontonamiento de basuras en la calle, la falta de control de la contaminación auditiva y visual, la débil implementación de  medidas cautelares y correctoras en la imposición de multas e indemnizaciones para las empresas prestadoras de salud, imposibilitan restablecer un derecho cercenado por la improvisación, la falta de inversión económica y de regulación legislativa hacia una cultura de la salud y la vida opuesta a la cultura de la enfermedad y la muerte.

Con tan solo un presupuesto de 24,7 billones para este nuevo año la salud pública se debilita al punto tal que beneficiará una economía diseñada para privilegiar en el país la inequidad, lo antidemocrático y  la guerra. Allí está la respuesta al porque falsear los indicadores de la tasa de envejecimiento de la población,  la aplicación de sustancia químicas nocivas en los alimentos o desestimular la paz. Toda una suma de políticas  tan perversa como contrarias al juramento de un médico por defender primero la vida de sus pacientes. En este sentido en 2018, al parecer por las declaraciones de los candidatos a la presidencia seguiremos comprando y mendigando ¡Salud!

Buscar columnista

Últimas Columnas de Columnista invitado

Nuevos callejeros