Por: Mauricio Rubio

La secretaria y el estudiante

Las explicaciones históricas sobre la violencia contra las mujeres no ayudan a resolver conflictos reales contemporáneos, ni sugieren medidas preventivas eficaces.

Esperanza trabajaba como secretaria en una universidad en la que estudiaba Pablo, su novio, que la asediaba constantemente, afectando su desempeño laboral. El asunto tocó fondo cuando, por fuera de la universidad, Pablo le dio una paliza —patadas y correazos— dejándola incapacitada por 20 días. Esperanza presentó una querella por lesiones personales y expuso el motivo de la agresión: que ella hablara telefónicamente con su exesposo. “Inmediatamente tiró el teléfono… Después comenzó a agredirme verbalmente, diciendo que yo era una perra, me dijo que era una solapada y comenzó a pegarme en la cara, me metió patadas varias veces, me dio puños, me dijo que me iba a trasquilar y que si yo le meto cacho o le soy infiel me manda a rapar y a afeitar la cabeza y las cejas y manda a alguien para que haga eso y nadie va a saber si fue él”.

Al llevar el certificado de incapacidad, Esperanza se enteró de que había sido despedida sin justa causa, con el pago de la respectiva indemnización. Le reprochaban haber iniciado un proceso penal contra un miembro de la comunidad universitaria, que debe ser armónica. A su agresor simplemente lo amonestaron; le recomendaron cesar sus actitudes “recriminatorias e intimidantes” advirtiéndole que al “más mínimo comportamiento suyo en tal sentido le aplicaremos las consecuencias previstas reglamentariamente”. Con total tranquilidad, Pablo siguió matriculado a pesar no solo de la golpiza sino de un correo electrónico en el que el director del programa de Derecho le manifestó a un colega su preocupación porque “el estudiante nos hace presumir que se trata de una persona que puede tener antecedentes de actividades delincuenciales”. Que en la universidad se dictara una asignatura en “la línea de género y derecho”, que se hicieran investigaciones sobre el tema y se involucrara “la Perspectiva de Género en la Formación Académica” parece un mal chiste que ilustra la precaria efectividad de esa retórica transformadora contra la violencia de pareja.

Esperanza puso una acción de tutela que fue negada y llegó para revisión a la Corte Constitucional. En la sentencia T-878/14 se enumeran las dificultades históricas que han enfrentado las mujeres, su “situación de desventaja en todos los ámbitos de la sociedad”. No se consideraron otras posibles razones para la descabellada decisión de la universidad, como la estrategia empresarial de proteger ante todo al estudiante, su cliente. La preocupación del centro educativo por su imagen quedó clara en el disgusto de sus directivos con ese “incidente particularmente escandaloso” ocurrido “en un hospedaje en donde habitan estudiantes del programa”; les pareció vergonzoso que Esperanza fuera “rescatada por la Policía cuando huía de su agresor por la vía pública” después de haber gritado pidiéndole ayuda a las compañeras de apartamento de Pablo.

Un ejercicio del tipo “qué hubiera pasado si…” ilustra que no se trató simplemente de discriminación por género sino, tal vez, de manejo mercantil con tufo clasista. Basta imaginar que Esperanza fuera la estudiante que mantiene una relación con Pablo, un trabajador del mismo centro educativo, para conjeturar que la reacción ante un conflicto de esa pareja hipotética hubiera sido la opuesta: él para afuera, ella tranquila. La prioridad es alinearse con, y defender a, la clientela estudiantil en detrimento del trabajador. En tal caso, la teoría sobre la histórica sumisión de las mujeres perdería relevancia ante otras como la clientela pudiente que en la lógica capitalista “siempre tiene la razón”. Entre las doctrinas añejas empeñadas en cambiar desde la base la sociedad suele ser más pertinente Karl Marx que Simone de Beauvoir.

La sentencia de la Corte buscó resarcir los daños causados a Esperanza, pero se quedó corta en medidas para que el agresor recibiera su merecido. En forma adicional a ordenar a la Fiscalía una estrecha vigilancia sobre el desarrollo de la investigación, al acto público de desagravio que se le exigió a la universidad, y a los cursos de género a los que tuvieron que asistir profesores y fiscales, hubiera ayudado una disposición para que el centro educativo —que protegió al victimario— asumiera los honorarios de una abogada que representara a la mujer maltratada en el proceso penal.

Para Esperanza no debió ser reconfortante leer una sentencia, verdadera disertación sobre las raíces históricas de la discriminación contra las mujeres, y las minorías sexuales, que no menciona ni una sola vez lo que para ella fue transparente como detonante de la agresión que sufrió: un súbito e infundado ataque de celos de su novio estudiante.

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