Elecciones 2018: Colombia elige presidente

hace 4 horas
Por: Álvaro Camacho Guizado

La seguridad democrática: virtudes y perversiones

UNA DE LAS CRÍTICAS QUE SE HAN hecho a la  seguridad democrática es que sólo ha servido para despejar carreteras para que los ricos vayan a sus fincas.

Esto es, desde luego, demagogia pura, que desconoce que  por esas vías también circulan buses cuyos pasajeros no son necesariamente ricos. Y desconoce también que sí hay poblaciones del país que hoy viven más tranquilas por la presencia militar y policial. Esto lo he constatado en zonas como San Agustín en el Huila o el Valle de Tenza, en Boyacá y Cundinamarca. Durante el proceso de El Caguán, San Agustín era una retaguardia de las Farc, y la región del Guavio estaba sometida a una constante amenaza por parte de esa organización. Y no dudo de que el ejemplo se puede extender a otras zonas.

Esa demagogia impide una mirada más analítica, que reconozca que la política sí tiene sus virtudes, pero que al mismo tiempo tiene muchas caras muy perversas.

Por ejemplo, la práctica de las delaciones y recompensas pervierten el deber ciudadano por el estímulo a la ambición pecuniaria y a la traición.

No importa sacrificar la suerte de las indemnizaciones a víctimas de crímenes de Estado porque la ley “hace peligrar la seguridad democrática”. El principio está por encima de la suerte de compatriotas indefensos. 

Esa seguridad democrática estimula también los falsos positivos, porque privilegia la eliminación de enemigos supuestos y aúpa la acción violenta en defensa de esa misma política.

Espolea también las chuzadas a personalidades públicas, porque contribuye a definir como peligroso a cualquier opositor del Gobierno o a simples ciudadanos definidos como desafectos al Presidente.

La oposición a los intercambios humanitarios y el privilegio a la acción armada, a nombre de la seguridad democrática, ha retrasado la liberación de varios rehenes: aquí también el principio sacrifica a las víctimas del secuestro.

El exceso militarista ha relegado la seguridad ciudadana a un lugar secundario, como si se ignorara que la violencia urbana produce más muertos que el conflicto con las guerrillas.

El gasto público militar no se reduce y, por el contrario, se incrementa, a pesar del argumento de que la subversión está al borde de la derrota definitiva.

Nadie puede negar que la seguridad es un bien público de la mayor importancia y que la protección al ciudadano es deber del Estado. Pero eso no tiene que traducirse en que se la defina como una tarea prioritariamente militar y que los deberes de defensa desconozcan conquistas elementales de la democracia política moderna, como el derecho a estar en la oposición, a comunicarse sin ser espiados, a airear el descontento o a criticar lo que se define como arbitrariedad o corrupción. En estas condiciones la seguridad no es democrática.

Y más aún, se subordinen los derechos a una democracia social en la que se privilegien unas mejores condiciones de reproducción social.

Finalmente, los supuestos éxitos de la política no pueden sustentar el argumento de que el único colombiano que puede garantizar la seguridad es el presidente, y que por esta razón es imperioso que se le reelija. Si se le prolonga su mandato por tercera vez, ¿por qué no una cuarta, o una quinta?

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