La seguridad y la Policía

SIEMPRE LE HE TEMIDO A LAS PROpuestas de reforma formuladas por los jefes de policía.

Incluso más que a los policías mismos. La regla general es que sus proyectos surjan de un sentimiento de impotencia frente a los criminales e intenten imponer a todos los ciudadanos un trámite o un horario de subestación. La lógica es simple: “Si no los podemos capturar, los obligaremos a firmar un formulario”. En Medellín, el coronel Luis Eduardo Martínez acaba de proponer que los inquilinos o dueños que recién lleguen a algunos barrios de la ciudad estén obligados a registrar sus datos ante la inspección de Policía más cercana: estado civil, actividad profesional, lugar de trabajo… Según el Comandante, es hora de acabar con esa “vagabundería de arrendar apartamentos y casas sin control, sin saber para qué se van a usar”. La idea del jefe policial es acabar con las guaridas de mármol de los mágicos y sus secuaces en los barrios estrato seis. Los porteros de los edificios deben estar temblando ante la posibilidad de perder el puesto a manos de agentes de la Sijín.

Está bien que el Coronel no sea un experto constitucionalista. Pero pretender que el arriendo o la compra de un apartamento requiera una especie de comparecencia policial y una posterior verificación de datos bajo amenaza de ser expulsado del vecindario, es una idea digna del presidente paranoico de la Junta de Copropietarios. Además de inútil para frenar la violencia o producir capturas. No parece fácil que los pillos se entreguen ante la tentación de vivir en la urbanización Bosques de Viena en las laderas de El Poblado. El juego de siempre hará que el apartamento lo compre un reconocido empresario y lo habite su quebrador de confianza. La norma serviría simplemente para que los salones comunales de algunos edificios tuvieran un ambiente menos sórdido. Pero la pifia no es sólo del Coronel. A Federico Gutiérrez, ex presidente del Concejo, la idea le pareció muy interesante. Hay mucha gente cansada de encontrarse en el ascensor con los personajes de El Capo y Las muñecas de la mafia.

Pero lo inquietante de la propuesta es que supone que Medellín necesita medidas como las que se intentaron imponer en las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación al comienzo del gobierno Uribe. Mediante un decreto de Estado de Excepción, el Presidente recién posesionado le dio facultades al Comandante Militar de las zonas “para recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y de la ocupación habitual de los residentes y de las personas que transiten o ingresen a la misma”. En su momento la Corte Constitucional dijo que se violaban garantías individuales, se ponía sobre el ciudadano una carga desproporcionada y se sobrepasaban las facultades del Gobierno. Uribe insistió en  2003 mediante una reforma constitucional y una Ley Estatutaria que proponía un empadronamiento obligatorio para todos los ciudadanos. La reforma se cayó por vicios de trámite en la Cámara y nos libramos de un “censo de población” manejado por la Policía, el DAS y las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Militares. No habría sido buena idea darles un formulario a los militares para que patrullaran, por decir algo, Soacha o Vistahermosa.

Lo otra conclusión, que no sorprende pero asusta un poco, es ver lo cerca que pueden estar el gran estadista, el irreemplazable, el hombre providencial y su simple subalterno en una comandancia de Policía. Lo que en boca de un coronel no es más que un disparate luego de un día de muchos disparos, en boca del presidente Uribe estuvo a punto de ser norma constitucional. No es tan claro que sea mejor la seguridad que la Policía.