La soberanía

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Pocas veces se había visto tan vehemente al presidente Iván Duque como hace un par de semanas, cuando calificó como una intromisión indebida en la soberanía del país el informe anual presentado por Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en Ginebra dirige Michelle Bachelet.

Ocho días después, Duque viajó a Washington y se reunió con el presidente Donald Trump, quien, con el total desparpajo que lo caracteriza, prácticamente le dio la orden de reiniciar la fumigación aérea de los cultivos de coca en nuestro país. Duque se mostró pasivo, puso cara de obsecuente, cero vehemencias y acerca de la flagrante intromisión indebida en nuestra soberanía, ni mu.

El contraste no pudo haber sido más patético. Y, sin duda, refleja mucho.

Por una parte, muestra las falencias de la política exterior colombiana, como bien lo analizó Arlene Tickner hace unos días en este diario. Es también otro ejemplo de la histórica subordinación de los gobernantes de Colombia a EE. UU., como cuando Laureano fue el único presidente latinoamericano que envió tropas a la Guerra de Corea, o cuando Turbay fue el único presidente latinoamericano que se alió con Reagan y Thatcher contra Argentina en la Guerra de las Malvinas, o cuando Uribe fue el único presidente suramericano que respaldó a Bush en su invasión ilegal a Irak (al menos no mandó tropas).

Por otra parte, el contraste ilustra el lugar que los derechos humanos tienen para el gobierno colombiano. Es muy diciente que la carta de la soberanía solo se saca cuando se trata de denuncias de violaciones de los derechos humanos, pero jamás cuando se habla de comercio, inversión extranjera, transnacionales, política antidrogas o asuntos militares, de seguridad y defensa.

Asimismo, lo que se pide para el caso propio no aplica para los demás. Cuando la misma Oficina que dirige Bachelet denunció las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Colombia la aplaudió, mientras en esa ocasión fue Nicolás Maduro quien habló de intromisión indebida en la soberanía.

La trágica situación de los derechos humanos en Colombia es evidente y lo ha sido por años. Tratar de tapar el sol con descalificaciones a la ONU, no sólo no logra convencer a nadie, sino que manda otro mensaje: un gobierno que no reconoce la gravedad de la realidad nacional difícilmente podrá hacerle frente. Pelear con la ONU no es pelear con unos individuos o unas burocracias externas: es pelear con los principios básicos que ha adoptado la humanidad y que la propia Colombia, como Estado miembro y cofundador de la ONU, está comprometida a acatar y respetar.

Sobre todo, el mal uso de la soberanía devela el desconocimiento de lo que significa el concepto. Con frecuencia, se confunde con o se reduce a la soberanía nacional, desconociendo del todo la soberanía popular. Pero la Constitución de 1991, en el artículo tercero, lo dice con claridad: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Es así que los intereses y el bienestar del pueblo, de la gente, de las personas, están por encima de los del Estado, del gobierno o de la nación.

Por tanto, cuando se trata de los derechos humanos, es decir la vida y la dignidad de las personas, aquí, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, ¡bienvenida la intromisión de la ONU!

danielgarciapena@hotmail.com

*Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz

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