Por: Reinaldo Spitaletta

La soberanía prostituida

Son varios los factores que hacen posible el establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio colombiano: uno, la mentalidad de colonizado del gobierno nacional (?), que hace rato da muestras de sumisión a todo lo que solicita el imperio.

En su catálogo de infamias alberga el apoyo a la criminal invasión norteamericana a Irak. Otro, la situación de América Latina, que cada vez adquiere más conciencia soberana e intenta zafarse del secular dominio del Norte.

Sin tener en cuenta a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ni al Congreso, y mucho menos al pueblo, el gobierno decidió abrirles camino a tres bases militares de los Estados Unidos, una antinacional medida que se veía venir desde los días en que Ecuador dio un ultimátum a la base de Manta y también desde que Washington reactivó en 2008 la IV Flota, para controlar el Caribe y el centro y sur del continente.

La movilización de la IV Flota gringa se ha hecho bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, como una suerte de evocación de la “diplomacia de las cañoneras” y como una nueva estrategia colonizadora. O, por lo menos, la de intimidar a aquellos países que intentan abandonar el redil norteamericano. Se sabe, entre otros aspectos, que Colombia es una punta de lanza de los intereses imperiales en estas latitudes.

Recordemos que a excepción del gobierno de Uribe, que vio con gran simpatía la decisión de Washington y su Flota, para otros países la “desoxidación” de ésta está muy lejos de ser un instrumento de paz y seguridad regionales. Está enmarcada, en cambio, en los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, que la implementación de la mencionada flota no es más que una reiteración de las intenciones de hegemonía norteamericana.

En esta perspectiva, hay que leer la reciente decisión de meter militares gringos en Colombia. Como un acto de geopolítica y de intervención estadounidense en este país, que hace rato empeñó su soberanía y se abrió de patitas ante los intereses de la potencia del Norte. También como un acontecimiento que hace parte de las novísimas estrategias de recolonizar a América del Sur.

Washington sabe desde hace rato, sin importar si sus gobiernos son republicanos o demócratas, que cuenta con los buenos oficios del gobierno colombiano. Claro que más con el actual, que ha resultado absolutamente benévolo y entreguista con la Casa Blanca. Sabemos, de vieja data, que aquí la soberanía es un artículo que se feria, se trueca o se regala. Qué importa la Constitución, qué importa la opinión pública. Interesa, sí, estar bien con el amo.

La instalación de bases norteamericanas en Colombia somete al país a los intereses extranjeros, viola la autodeterminación y la ya prostituida soberanía, y pone a navegar a la nación en sentido contrario a los procesos de países de la región que buscan librarse de la coyunda yanqui. Aunque se disfrace de ayuda, tales maniobras violan la Constitución en los artículos 173 y 237, que sólo autoriza el paso temporal de tropas extranjeras en el territorio nacional, con previa autorización del Senado y concepto favorable del Consejo de Estado. Todo esto, como se nota, parece que el gobierno decidió pasárselo por la faja.

El “acuerdo”, que se cocinó en secreto, aun cuando se presente como parte de la ayuda norteamericana y del Plan Colombia (en esencia, un negocio gringo), deja de nuevo en evidencia el interés de la Casa Blanca por no olvidar sus roles hegemónicos en el continente. Es otra demostración de su prepotencia e intervencionismo en los asuntos internos de otros países.

Al mismo tiempo, es una confirmación de la docilidad del gobierno colombiano que, como diría Gaitán, hinca la rodilla en tierra frente al oro yanqui y levanta el fusil contra los hijos de la patria.

 

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