Por: Jorge Iván Cuervo R.

La suspensión política de la ética

ESTA CRISIS POLÍTICA ES TAMBIÉN una crisis ética de profundas dimensiones, la cual se manifiesta, tanto en la forma de hacer política, donde todo vale por un voto, como en la forma en que la gran mayoría de colombianos están dispuestos a aceptar que un gobierno haga lo que tenga que hacer, torcerle el cuello a la Constitución, con tal de enfrentar un mal mayor, como lo es la violencia de las Farc.

El problema de fondo radica en que muchos políticos entendieron que pueden acceder al poder en su propio interés, sin mayor compromiso con la cosa pública, alterando las reglas del juego democrático, sin tener que responder por ello. A esa tradición de irresponsabilidad, la Corte Suprema de Justicia quiere poner freno y enviar el mensaje de que la política también puede verse en términos normativos. Si en algunas regiones se veía bien, como un mal necesario, aliarse con criminales para combatir a la guerrilla, pues ya no lo es, y se debe responder  por ello.

Es una apuesta riesgosa, porque se trata de enfrentar una forma de vida arraigada en muchas regiones por parte de factores reales de poder de esta sociedad. Lo que está haciendo la Corte es construir ética pública desde el derecho, algo inédito en nuestro país. Ahora, para incrementar su legitimidad, tiene que empezar a entregar resultados definitivos muy pronto para establecer los distintos grados de responsabilidad de los implicados y dejar de dar bandazos, como en el caso del ex director del DAS.

Ahora bien, la inmunidad presidencial que caracteriza la crisis actual no se la inventó el presidente Uribe. Como tenemos mala memoria, es bueno recordar que a pesar de que la justicia logró demostrar que ingresaron dineros del narcotráfico en la campaña política que eligió a Ernesto Samper presidente, no hubo posibilidades políticas de establecer su responsabilidad, pues el Ejecutivo usó todo su poder para impedir su juzgamiento. Cuántos Yidis y Teodolindos no hubo en aquella oportunidad. Qué daño hizo esa doctrina.

Lo cierto es que en el afán legítimo de terminar con las Farc, esta sociedad permitió que la frontera ética que debe tener todo Estado de Derecho se corriera más allá de lo aceptable, fenómeno que no es nuevo. Ante la arremetida brutal de Sendero Luminoso, Perú encontró en Fujimori su salvador; ante la crisis de los partidos, Venezuela encontró en Chávez al suyo. Años de desidia gubernamental y la debacle de los partidos, en pleno crecimiento militar de las Farc, hicieron posible que Colombia encontrara en Uribe su redentor. Ante los anuncios de una segunda reelección, es necesario enfocar baterías para proteger la institucionalidad —léase a Constitución— de esta especie de hipnosis colectiva en la que se encuentra el país.

Es un hecho que cualquier tema de la agenda pública distinto del de seguridad no pesará a la hora de enfrentar la aplanadora uribista. Mientras la economía siga creciendo y la percepción de seguridad derivada del conflicto sea positiva, hay muy poco chance, y ni la yidispolítica ni otros escándalos harán cambiar de opinión a esa mayoría que se siente bien representada en el proyecto político de Álvaro Uribe.

El hundimiento de la reforma política por instrucciones del Gobierno es un síntoma más del languidecimiento de la ética ante la política, cosas de la seguridad democrática.

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