Por: Armando Montenegro

La tarea pendiente

La política no ha tenido el mismo progreso ni ha seguido el mismo camino de modernización de la economía y, en general, de la sociedad colombiana en las últimas décadas. Se quedó rezagada, mantiene formas y prácticas atrasadas, y se constituye en un lastre para el desarrollo del país.

En los últimos años se elevó significativamente el ingreso y el nivel de vida de los colombianos; la pobreza se redujo y se ampliaron las clases medias. El país es cada vez más urbano, más educado y más abierto al mundo; sus habitantes utilizan masivamente los celulares, el internet y las redes sociales; cientos de miles viajan por Colombia y muchos de ellos son turistas en todo el planeta; desde hace años cayeron las cifras de violencia y el país se alejó de los peores lugares del mundo en los rankings de homicidios y secuestros.

A pesar de estos avances, muchas veces desiguales, lentos e imperfectos, la vida de la política y las prácticas electorales siguen siendo primitivas. El ejercicio de gobernar —incluso el de personas bien intencionadas— por lo general va acompañado de la entrega a los aliados del mandatario de porciones significativas del presupuesto y de cuotas en ministerios e institutos a personas incapaces, comprometidas únicamente con los intereses de sus patrones políticos. En algunas regiones, grupos de votantes se constituyen en patrimonios de algunas familias, los mismos que se mantienen, se heredan y, a veces, se venden. La metamorfosis de los ingenuos auxilios parlamentarios de antaño en la voluminosa mermelada de hoy fue el resultado de un proceso de más de 30 años, estimulado por la influencia del narcotráfico, las transacciones por las absoluciones del Proceso 8.000 y la nutrida presencia paramilitar en el Congreso. A medida que se producía esta transformación, creció en forma acelerada el precio de las lealtades a los gobiernos y, paralelamente, disminuyeron las posibilidades de que el Estado pudiera cumplir de manera adecuada sus obligaciones con los ciudadanos.

El costo de esta situación es muy elevado. Es una de las principales causas de los escasos y malos servicios estatales que afligen a los colombianos, de las crisis y la bancarrota de varias entidades, del fracaso de numerosos proyectos de inversión y, en general, del mal uso de los recursos públicos, muy sentido en medio de la aguda estrechez fiscal que hoy vive el país. Y una de sus mayores consecuencias son los innumerables escándalos de corrupción y la pérdida de valiosos recursos públicos, con el consecuente desprestigio de las instituciones y del oficio de la política. Colombia no podrá ser una nación verdaderamente moderna si no se renueva el ejercicio de la política en el país.

La reforma política que comienza a discutirse en el Congreso plantea apenas algunos avances en la dirección correcta. Como lo mencionó La Silla Vacía, “la norma beneficia desde los caciques electorales hasta los partidos pequeños…”. Abre algunos espacios y permite la creación y supervivencia de partidos y movimientos sociales minoritarios. Pero no mucho más. E, infortunadamente, patea para los próximos años algunos de los cambios más significativos como el tema de las listas cerradas. La tarea queda pendiente. Mientras tanto se seguirá abriendo la brecha entre un país que necesita progresar y sus clases y prácticas políticas.

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