Por: Juan Carlos Gómez

La televisión en el Congreso

Afortunadamente ya empiezan a conocerse los lineamientos del proyecto de ley que presentará el Gobierno en los próximos días para definir el futuro de la televisión.

En menos de cinco meses tendrá que haberse expedido el nuevo ordenamiento, plazo que es apenas suficiente frente a tantos temas críticos que afectan a la industria de la televisión.

Aún en la era de internet, la televisión conserva su trascendencia como medio masivo por excelencia y convive exitosamente con los nuevos medios. Por esa razón no hay tiempo para divagar o para elucubrar vanamente tratando de demostrar que la televisión ha dejado de existir o que se debe regular de la misma manera que se regulan las comunicaciones personales. El acto legislativo que suprimió la Comisión Nacional de Televisión expresamente dispone que el legislador fijará la política en materia de televisión. Es necio entonces pretender que remitir la televisión a la ley de las TIC es suficiente para cumplir el mandato constitucional, mucho menos en medio del caos que dejó la gestión de la suprimida entidad.

La última vez que el Congreso de la República legisló específicamente sobre el tema fue en 2001, cuando expidió la ley 680 con el propósito fundamental de enfrentar la profunda crisis económica que padecía el sector de televisión. En esta década el Congreso se ha renovado y especialmente las comisiones sextas de Senado y Cámara, lo cual es una gran oportunidad para acometer la tarea de darle a la televisión su nuevo rumbo sin perder de vista dos ejes fundamentales. Es indispensable garantizar la viabilidad de una televisión pública participativa y proteger la industria nacional de contenidos.

Dentro de lo que se anticipa acerca del organismo que regularía los contenidos se dice que en él tendrían asiento por lo menos dos miembros designados por el Congreso de la República. Al respecto hay que advertir que existe jurisprudencia constitucional en contra de la intervención del poder legislativo en los órganos de dirección de las entidades de la rama ejecutiva. Esta cuestión merece un estudio profundo. Sería una lástima que por un vicio en este tema, la nueva ley naciera coja.

 

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