La tercera venida

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Mucho se ha repetido que no existe un solo neoliberalismo, sino en cambio distintas formas de neoliberalización. Estas formas dependen del despliegue de un repertorio de medidas en cada lugar y momento particular. El repertorio incluye, entre otras, la privatización de servicios o bienes que antes eran de propiedad estatal o comunal, la comercialización o asignación de precios a estos servicios y bienes, y la desregulación o disminución de la injerencia estatal en áreas de la vida social y ambiental. En Colombia ha habido quizá dos momentos de despliegues neoliberales. El primero entre el final de los 80 y comienzos de los 90, y el segundo durante la larga presidencia de Uribe Vélez.

En el primer período, que abarca algunas políticas de Betancur y muchas del gobierno Gaviria, se emprendieron reformas que enfatizaron objetivos comerciales por sobre los propósitos sociales. Como ejemplos están las leyes que sacudieron la salud y la ley que transformó los servicios públicos. Esta última restringió los subsidios cruzados que habían normalizado la solidaridad forzada entre clases sociales y promovió la participación del sector privado. A diferencia de otros países latinoamericanos, esta neoliberalización no se impuso mediante un ajuste estructural o en respuesta a una crisis de deuda. Así, pese a que se efectuaron cambios, algunos de estos fueron revertidos por medio de tutelas. Además, empresas públicas en las ciudades más grandes resistieron la presión y no se privatizaron.

El segundo remezón neoliberal se llevó a cabo durante el gobierno de Uribe, en el que muchos representantes del sector privado se movieron entre cargos oficiales. Tal vez el legado más profundo lo dejó la flexibilización del trabajo. Pese a que el deseo por informalizar el empleo asalariado llevaba rondando los gobiernos por años, fue en el momento de máxima popularidad del uribismo cuando se pudo hacer realidad. Aunque la expectativa de funcionarios como Carrasquilla era que la flexibilización reduciría el desempleo, las medidas solo empeoraron las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, sin mejorar las tasas de desempleo. La flexibilización coincidió además con olas de asesinatos y arremetidas contra líderes sindicales. Así, en ciudades como Cali, Villavicencio o Barranquilla los empleos estables son una cosa del pasado y hoy más de la mitad de quienes trabajan lo hacen en la informalidad.

Fue también durante el gobierno Uribe que las políticas neoliberales en salud se encontraron con las dinámicas de la guerra. En ese entonces grupos como el Bloque Central Bolívar en Santander se dieron a la tarea de crear cooperativas de salud o comprar (a veces a la fuerza) cooperativas existentes para quedarse con los subsidios estatales. Habitantes de municipios como Cimitarra se vieron obligados a soportar esta coreografía de robo, debido a la forma en que, a través de intermediarios, funciona el sistema de salud.

Pese a que los paisajes del neoliberalismo nos han dejado un legado de geografías desiguales, hoy asistimos a la que es tal vez la tercera arremetida de este tipo de políticas. Todo, bajo el manto de desorden e incertidumbre que se vive entre la coyuntura de pandemia, la poca integridad del presidente Duque y la radicalización de la derecha. En el marco del presupuesto general para 2021, el Ministerio de Hacienda (otra vez Carrasquilla) estima que $12 billones provendrán de venta de activos del Estado, es decir, empresas en las que el Gobierno tiene participación mayoritaria o es dueño de toda la propiedad, como Ecopetrol.

Entretanto, el Gobierno se muestra dubitativo frente al cumplimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura. Tres años atrás el Comité del Paro logró que no se siguiera manejando el agua mediante concesiones a privados. Pero en medio de la crisis de legitimidad del Gobierno Nacional hoy se teme que este acuerdo no sea respetado. Esto, pese a que fiascos como el de la electricidad en Barranquilla y el agua de Santa Marta (y de la propia Buenaventura) nos han enseñado que para ningún privado va a ser negocio extender la luz ni el agua potable a los barrios de menos recursos. Y en todas estas ciudades hoy la mayoría de trabajadores se encuentran al vaivén de la informalidad.

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