Por: Juan Manuel Ospina

La tierra no basta

Un polémico artículo de James Robinson, autor de un reconocido libro sobre las causas de la pobreza de las naciones y buen conocedor del país, desató una discusión sobre la visión predominante del conflicto colombiano, y que muy seguramente lo será del manoseado postconflicto, visión que plantea que su causa y su solución es única: la tierra.

Robinson la considera propia de viejas teoría, históricamente superadas; que hoy lo definitivo para salir de la pobreza y transformar a los países es el conocimiento y la educación y, adicionalmente, para el caso colombiano, contar con una activa presencia del estado en todo el territorio. Afirma que no es cierto que las políticas de reforma agraria, “la vía campesina”, históricamente hayan sido una condición necesaria para la superación de la pobreza de las naciones.

La discusión sobre el artículo se dio pero con pobreza argumental y gran apasionamiento, sobre todo porque Robinson puso a Vicente Castaño a defender uno de sus argumentos: la necesidad de inversión empresarial en el desarrollo rural. Un paso en falso e innecesario que alejó la atención del fondo de sus argumentos.

Lástima, porque el país requiere que el tema se debata serenamente, para aclarar que si bien el problema de la tierra está presente en la génesis y desarrollo del conflicto colombiano, como una de sus causas y no de las menores, no se le puede sin embargo asignar la condición de causa única de tanto dolor y atraso padecidos por toda Colombia, no solo sus campos. No se llega a la verdad buscándole causas únicas a problemas históricos que exigen ser comprendidos en su magnitud y complejidad, para que las soluciones propuestas sean transformadoras y no simplemente parciales, de maquillaje.

El hecho de que el escenario de nuestra violencia haya sido la sociedad rural y no la urbana, no significa que sus causas sean solo de índole o raíces rurales.

Robinson destaca una causa principalísima de esa violencia y de ese atraso rural: la ausencia y débil presencia del estado en amplias porciones del territorio nacional. Es oportuno recordar a Luis Carlos Galán: “En Colombia hay más geografía que sociedad y más sociedad que estado”. A territorios y comunidades que han vivido literalmente “sin dios y sin ley”, no se les puede pedir que sean remansos de paz y prosperidad; sería una contradicción en los términos. Solo un estado activo y comprometido puede garantizar que en la diversidad que caracteriza al mundo rural colombiano, convivan e interactúen actores económicos, sociales y culturales diversos: empresarios, campesinos, indígenas y negros. El desarrollo no es solo tarea de los campesinos o de los agro empresarios, como algunos pretenden, es un desafío colectivo que demanda un esfuerzo plural y coordinado con la presencia y acción de un estado cercano. Y para lograrlo es necesario, entre otras, ponerle orden a la tenencia y uso de la tierra, a la par que preservar la diversidad y potencia de los ecosistemas en cuyo seno ocurre la vida rural.

La visión ruralista de la violencia olvida que lo que allí sucede (y no sucede) no es fortuito o resultado solo de la maldad de unos cuantos, “los terratenientes”, sino de un modelo de desarrollo que implica unas relaciones campo – ciudad que juegan en contra del campo sin lograr que el avance de las ciudades, sobre todo de su economía, sea tal que pueda acompasarse con una demografía dinámica y con la tendencia histórica y universal de las migraciones campesinas, especialmente de los jóvenes, a la ciudad, vista (y vendida) como la meca de las posibilidades y de “lo moderno”. El discurso puramente agrarista de la violencia colombiana, que es el alma de las FARC, acaba haciéndole el juego a los intereses urbanos que quisieran lavarse las manos ante el drama rural y la violencia, ambos con profundas raíces urbanas. Robinson no está tan equivocado.

 

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