La toga está herida

La frase que sirve de título a esta columna fue acuñada por la jueza 40 de Garantías al enviar a la cárcel a Francisco Ricaurte. Duele, pero tiene razón. Así como dolió el tanque tumbando en noviembre de 1985 la puerta del Palacio de Justicia, igual sucedió al ver prisionero al expresidente de la Corte por los gravísimos delitos que se le imputan, además por un fiscal tan serio como Jaime Camacho. Sentí tristeza con nuestra justicia, no propiamente porque Ricaurte no merezca lo que le está pasando, porque se ha hecho acreedor a mucho más, pues no otra cosa podía esperarse de andar en tan malas compañías, empezando por el embaucador Gustavo Moreno, otro delincuente avieso habilitado de jurista sin serlo. Pero, además, sentí angustia de pensar que esa imagen de un expresidente de la más alta corporación de justicia tras las rejas sindicado como un vulgar delincuente no solo le dará la vuelta al mundo, sino que permanecerá en la retina de los colombianos para deshonra de lo que fueron los años de gloria, respeto y rectitud de quienes antaño llevaban la toga gozando de la admiración ciudadana.

Ricaurte salió mal de la Rama Judicial, pero como aquí no hay sanción social, muy pronto se convirtió en un exitoso abogado litigante y solicitado árbitro en importantes pleitos arbitrales. Seguramente su “distinguida” clientela también sabe que Ricaurte dejó sembrado el terreno con sus leales amigotes, como el cuestionado Luis Gabriel Miranda, imagen y semejanza de quienes lo hicieron magistrado también sin merecerlo.

El barco de la justicia se hunde con sus pasajeros. Así, por ejemplo, lo demuestran dos últimos sucesos que reclaman más atención. Me refiero a la designación del auditor general de la República, un cargo de muy alta responsabilidad encargado de vigilar al contralor general. Pues bien, la Corte integró una terna de candidatos bastante gris y el Consejo de Estado nombró a Carlos Hernán Rodríguez, a pesar de que en su contra se tramitan procesos de distinta naturaleza. Si ahora en la mitad de este desastre institucional en las altas cortes fueron capaces de ternar a quienes no tenían el perfil requerido y luego de nombrar al que está enredado, ello comprueba, por enésima vez, que estas corporaciones no son idóneas para intervenir en la designación de ningún funcionario y que, por tanto, es urgente privarlos de esta función electoral.

Y algo similar parece estar pasando con el Comité de Escogencia de los magistrados de la JEP y los integrantes de la Comisión de la Verdad. De los cinco miembros de ese grupo, como se sabe, dos son colombianos, uno de ellos el presidente de la Sala Penal de la Corte, magistrado José Francisco Acuña. Todos esperábamos que eso iba a salir bien, pero allá también hay dudas.

El doctor Acuña no procede autónomamente, porque cada paso suyo lo controlan sus colegas, pues son estos quienes en últimas le indican cómo decidir; allá nadie se resigna a renunciar a semejante oportunidad de escoger un centenar de personas en altos cargos y dignidades. Rezagos clientelistas. Y como para que no quede duda de que este sistema no ha convencido, ahora se sabe que Acuña ejerce notoria influencia sobre los otros miembros del Comité de Escogencia, y eso explicaría el por qué han sido nominados candidatos próximos a la Corte y a él mismo, mientras se descartan por antipatías o viejas rencillas nombres con pergaminos suficientes para integrar esa planilla de ilustres. El proceso de selección en la JEP y la Comisión de la Verdad ha quedado bajo la sombría duda de que en algunos de estos nombramientos o exclusiones no prevaleció el interés general, sino la corruptela.

Adenda No 1. No faltaba más que en mi amado Externado de Colombia, los voceros de la ultraderecha, la intolerancia y el oscurantismo del Centro Democrático, que anduvieron felices en el Congreso con los jefes paramilitares, nos vinieran a decir a quiénes podemos oír en los salones libertarios de nuestra casa centenaria, siempre abierta y pluralista.

Adenda No 2. Grotesco que la esposa de un senador uribista arme una pataleta porque tenía que viajar en el mismo avión con quien creyó que era un exguerrillero.

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