La toma hostil de EPM

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Las empresas privadas se las toman los privados mediante compras abiertas o escondidas de sus acciones; las empresas públicas, en cambio, se las pueden tomar de forma hostil los políticos que, por estar en el poder unos cuantos años, de repente se creen, milagrosamente, que son los dueños de esa empresa. En la toma hostil de una empresa privada los nuevos dueños consiguen mayorías de accionistas y cambian las juntas directivas y el equipo gerencial. Cuando un político se toma hostilmente una empresa pública, hace lo propio: cambia la junta directiva y pone en el equipo gerencial a su clientela política.

Como la dueña de EPM es la ciudad de Medellín y como Daniel Quintero es el alcalde, este ha resuelto actuar como si fuera el dueño de EPM, y ha puesto a dedo, sin seguir ningún protocolo de los prometidos en campaña, al gerente, a varios vicepresidentes y a la junta directiva. La toma hostil de Quintero se ha consolidado y es casi total. Esta toma de la empresa pública más importante de Antioquia, no solamente es hostil, sino que tiene serios indicios de corrupción, y no va a favor del nombre ni de los recursos de EPM, sino que va encaminada a volverla un botín político y a arruinarla.

Queda en la empresa un importante núcleo de resistencia que son la inmensa mayoría de sus empleados profesionales y técnicos tradicionales, nombrados en procesos rigurosos, por concurso de méritos, o ascendidos lentamente al demostrar sus virtudes. Hoy en día están chantajeados y amenazados, pero resisten. Estos empleados, representados por Sinpro (el sindicato de profesionales), han pedido una y otra vez la renuncia del gerente nombrado por Quintero: Álvaro Rendón. Este abogado, con experiencia empresarial en pavimentos, durante la pandemia aumentó la nómina de EPM en 340 empleados. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, para que contrataran a alguien en EPM, había que pasar por un proceso de selección riguroso, dificilísimo, que duraba meses. El gerente puesto por el alcalde lo hace a dedo y en minutos. O ni siquiera lo hace él, sino su compañero sentimental, Guillermo Segura Sáenz, que dicta a la vicepresidenta de Gestión Humana lo que el presidente de la junta (el alcalde) quiere, y lo que quiere su socio y compañero de vida (el gerente). Segura Sáenz, que estuvo involucrado en Estados Unidos en un proceso por lavado de dólares provenientes del narcotráfico, ahora da instrucciones en los nuevos contratos.

Otros recién nombrados en la toma hostil del usurpador Quintero son personas ligadas a contratos gigantescos en el negocio de las fotomultas, amigos y amigas del político Gabriel Jaime Rico (denunciado por sus nexos con los matones de Bello), y con fichas de políticos capitalinos: en la junta puso gente cercana a Vargas Lleras, a César Gaviria, a Luis Pérez, a William Vélez: todo un desfile de manzanillos profesionales. ¿Por qué aclaman Luis Pérez y Vargas Lleras a Danielito Quintero? No es porque vaya a recuperar $9,9 billones: es porque ha puesto a EPM a su servicio en nómina y contratos.

EPM, hasta el 31 de diciembre de 2019, era una empresa sana, limpia y ejemplar. No iba a la bancarrota, como dice Quintero, sino a sacar adelante a Hidroituango. No era una empresa sin errores, ni una empresa que no hubiera perdido plata en algunos proyectos (eso no existe), pero sí una empresa que, cuando perdía, no era por corrupción ni por mala fe. EPM es la constructora de Hidroituango: al demandar a los constructores se da un tiro en el pie, se demanda a sí misma. EPM, cuando era seria, contrató el mejor seguro que se podía tener para Hidroituango, y no con Sura del GEA, sino con la gigantesca Mapfre. Un seguro “a todo riesgo”, es decir: por errores de diseño, construcción, eventuales, naturales, etc. Mapfre lo estaba pagando. Con la decisión del usurpador, es EPM la que deberá responder, pues en EPM se tomaron, técnicamente y de buena fe, todas las decisiones. A Quintero no hay que revocarle la alcaldía; hay que revocarle su toma de EPM.

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