Por: Elisabeth Ungar Bleier

La triste suerte de los partidos políticos en el Estado de Opinión

LA CONSULTA INTERNA DEL PARTIDO Conservador para escoger a su candidato presidencial ha generado enfrentamientos entre varios precandidatos y división en sus filas.

Mientras que un sector considera que debe aplazarse porque no tiene sentido avanzar en la selección de su aspirante sin saber si el presidente Álvaro Uribe se presentará a una segunda reelección, otro, liderado por el precandidato Andrés Felipe Arias, ha afirmado que ésta no puede posponerse. Su argumento ha sido que las reglas de juego “no se pueden cambiar por cálculo político o por conveniencia personal. Cuando eso se hace, se pierde credibilidad”, como lo manifestó en el foro de precandidatos conservadores realizado en El Espectador hace unas semanas.

Llama la atención que sea precisamente uno de los mayores alfiles del Primer Mandatario y el adalid de su continuación en el cargo quien defienda esta tesis, cuando claramente fue por cálculo político que se cambió la Constitución en 2005 para permitir la primera reelección y que ahora se esté buscando repetir la historia con el referendo.

Pero más allá de esta anécdota, lo que está sucediendo en el Partido Conservador no es un caso aislado. En mayor o menor grado, todos los partidos de la coalición de gobierno están divididos por la misma causa: apoyar la reelección —en caso de que el Presidente supere las tribulaciones que afectan su alma— o tener candidato propio o de coalición. Ni siquiera el partido de la U, el partido del Presidente por excelencia, ha logrado escapar de este fantasma: si bien optó por cerrar filas en torno al referendo, el eventual ingreso de Noemí Sanín a esta colectividad o el inicio formal de la campaña de Juan Manuel Santos están congelados, con el evidente malestar que esto suscita entre sus seguidores. Otro tanto sucede con Cambio Radical, cuya bancada en el Congreso se dividió entre quienes apoyan a Germán Vargas y los que están esperando la iluminación celestial.

A todo esto se suma la incertidumbre generada por el “transfuguismo”, figura que fue promovida desde el propio uribismo como parte de la reforma política recientemente aprobada por el Congreso y que permite cambiar de partido sin incurrir en doble militancia. Estos traslados, que obedecen a conveniencias coyunturales y oportunistas, inciden en el proceso de fraccionamiento y debilitamiento de los partidos y movimientos políticos. Pero esto no debe sorprendernos. Son un paso más en el propósito de diluir los linderos entre la sociedad y el Estado, y entre éste y los partidos políticos, con el fin de aumentar el poder y la capacidad de control e influencia por parte del Presidente y su más cercano círculo de colaboradores.

Desde que asumió la Presidencia de la República hace siete años, el fortalecimiento de los partidos políticos nunca ha estado en la lista de las prioridades del presidente Álvaro Uribe. Los ha buscado para conformar las mayorías requeridas para aprobar la agenda legislativa, incluida su propia reelección, pero los ha abandonado a su propia suerte cuando le han estorbado. Esta estrategia ha sido útil para lograr sus propios fines y seguramente para consolidar el llamado Estado de Opinión. Y para que nos comparen con otros mandatarios de la región que han adoptado políticas similares.

 

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