Por: Alvaro Forero Tascón

La ultraderecha vs. la Constitución

DETRÁS DE LAS ACUSACIONES DE POlitización de la justicia y del rechazo a sentencias de la Corte Constitucional, lo que hay es una guerra ideológica y de intereses de sectores beligerantes de derecha contra la Constitución.

Aunque en apariencia la confrontación es contra la justicia, en el fondo es contra la Constitución que le da a ésta las prerrogativas que ejerce. El episodio de la terna para elegir fiscal general alimentó la narrativa de una justicia politizada, pues pareció una lucha de poder cuando en realidad se trataba de un esfuerzo por preservar el Estado de derecho por parte de la Corte Suprema, porque como demostró el paso del tiempo, de haber conseguido Álvaro Uribe imponer una ficha incondicional, posiblemente no se estaría impartiendo justicia como se está haciendo hoy en algunos de los casos más graves de delitos cometidos desde la cúpula del Estado.

El rechazo a las sentencias en contra de militares por crímenes cometidos en el Palacio de Justicia y contra ciudadanos inermes (falsos positivos), en el fondo representan un enfrentamiento ideológico de quienes consideran que la autoridad debe ser libre para actuar con eficacia contra la subversión, versus una Constitución garantista que obliga a la justicia a defender los derechos humanos. Los sectores conservadores vienen objetando aspectos de la Constitución desde su expedición en 1991. Aun después de 20 años de vigencia de la Constitución, esos sectores de la derecha todavía añoran la filosofía de la de 1886, su presidencialismo, la soberanía fundada en la nación, figuras como el Estado de sitio. Por eso las críticas tienden a dirigirse no contra los problemas más aceptados -como el debilitamiento de los partidos políticos- sino contra los aspectos más modernizantes, como las facultades amplias de la Corte Constitucional, que como también demostró el paso del tiempo, eran esenciales para la preservación de la democracia frente a intentos de perpetuación de un gobernante en el poder. Paradójicamente, los sectores que acusan de politización a la justicia son algunos de los que más han contribuido a la politiquería dentro de ésta a través del control del Consejo Superior de la Judicatura.

De las objeciones teóricas se está pasando a acciones que más parecen de saboteo de la Constitución, que van desde la campaña del Procurador contra las sentencias como la del aborto, hasta la defensa del exilio para evadir la acción de la justicia y campañas de desprestigio contra  sentencias que judicializan militares. Paradójicamente, quienes señalan que no hay conflicto armado interno porque la desobediencia de la ley convierte a la guerrilla en simples delincuentes, están pisando la raya de lo legal con tesis que parecerían incluso subversivas. Y con esos excesos terminan aportándole los argumentos a quienes dentro de la justicia se niegan a tramitar las muy urgentes reformas.

Surgen dos preguntas. ¿Por qué sectores que detentaron el poder por casi una década no tramitaron sus profundas reservas frente a la Constitución, reformándola?. Y si el gobierno Santos, que ha permitido se destape la corrupción, aumentará la distancia frente a quienes buscan desobedecer la Constitución para impulsar intereses ilegales o religiosos.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Alvaro Forero Tascón

Duque, ejecutor

Duque: antítesis o síntesis

¿Es momento para el radicalismo económico?

Gobierno - Oposición

Santos