Conversatorio de Colombia 2020

hace 7 horas
Por: Roberto Esguerra Gutiérrez

La unificación agrava la crisis

Ha sido muy publicitada la unificación del POS a partir del 1º de julio del presente año, pero la noticia que debía producir alegría por acabar con esa odiosa, inequitativa e inaceptable diferenciación entre los colombianos, ha traído preocupación por sus consecuencias sobre la crisis del sistema.

La verdad es que la unificación ha debido ocurrir hace más de diez años, si se hubiera cumplido lo ordenado en el artículo 162 de la Ley 100. Como esto no sucedió, la Corte Constitucional, en su famosa sentencia T-760 del 31 de julio de 2008, ordenó de manera perentoria que la unificación de los planes para los niños y las niñas ocurriera antes del 1º de octubre de 2009. Además ordenó a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) “que adopte un programa y un cronograma para la unificación gradual y sostenible de los planes de beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiado, teniendo en cuenta: (i) las prioridades de la población según estudios epidemiológicos, (ii) la sostenibilidad financiera de la ampliación de la cobertura y su financiación por la UPC y las demás fuentes de financiación previstas por el sistema vigente”.

La Corte, conociendo que esta medida requería una preparación, ordenó que se fueran tomando las medidas tanto financieras como administrativas para que en el momento en que se tomara la determinación ésta fuera sostenible, para lo que previó inclusive que se debía garantizar a quienes pasaban del régimen subsidiado al contributivo que regresaran al subsidiado cuando su ingreso disminuyera o su situación socioeconómica se deteriorara.

En los pocos días transcurridos es evidente que la implementación de esta justa medida ha deteriorado aún más la situación del maltrecho sistema de salud. En los medios, de manera reiterada, personas como el gobernador de Cundinamarca y los secretarios de Salud, encabezados por el de Bogotá, han advertido sobre esta realidad y han llamado la atención de la sociedad y solicitado la acción del Gobierno. La decisión de dos EPS del régimen subsidiado de Bogotá de retirarse, es otra consecuencia de la medida; el parlamento tuvo ocasión de oír las angustiadas voces de los pacientes que denuncian las barreras que han encontrado para que puedan hacer efectivos sus derechos. Ojalá la Superintendencia y el Ministerio de Salud estén vigilantes para que la medida se cumpla y la población no tenga que vivir una nueva decepción.

La cobertura universal y la unificación de los planes de beneficios son dos avances sociales importantes, pero no constituyen la esencia de un sistema de salud, cuya única y esencial misión es la de mejorar la salud de los ciudadanos. El sistema colombiano sale muy mal librado cuando se evalúa desde este punto de vista, pues es evidente que muchos indicadores de salud claves no han mejorado, y más bien varios se han deteriorado, a tal punto que han obligado al propio ministerio a declarar algunos de ellos como “intolerables”, como son los casos de las muertes maternas prevenibles, los niños que nacen con sífilis y los tratamientos inadecuados para los pacientes con sida.

Los graves problemas del sistema de salud siguen empeorando en todos los frentes. Una importante EPS ha enviado a la ministra de Salud un mensaje de urgencia ante la iliquidez que le impedirá cumplir con sus pagos, y la crisis hospitalaria se ha dejado progresar hasta dejar a la red hospitalaria al borde de un precipicio sin precedentes, cerrando servicios y anunciando más cierres de hospitales. Estas situaciones son conocidas desde el comienzo por el Gobierno que ya está a mitad de su mandato, mientras todo el país sigue esperando las soluciones estructurales de fondo.

 

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