Por: Eduardo Sarmiento

La universalización virtual de la salud

¿Generará el nuevo escenario que entra a regir en el país un agravamiento del desorden actual?

En virtud de disposiciones de la Corte Constitucional y de la ley de salud aprobada al principio de la administración, se unificaron los servicios del programa obligatorio de salud (POS) a partir del primero de julio. El Gobierno cumple con el formalismo exigido por la corte, pero no con las apropiaciones fiscales que permitan su realización efectiva. La cotización asignada para el régimen subsidiado es de $433.000 por persona, cuando la unidad por capitación (UPC) que rige al sistema contributivo asciende a $547.000.

La Ley 100 ha constituido una afrenta al derecho a la salud establecido en la Constitución. Con base en las teorías en boga, se procedió a cumplirlo mediante la privatización del servicio. Se consideraba que la competencia llevaría a las EPS y a los hospitales a captar los usuarios y entregarles los servicios equivalentes a las cotizaciones. No se entendió que debido a las inelasticidades de demanda y a la información asimétrica, las instituciones adquirían un claro poder monopolista que las llevaría a prestar servicios para obtener la máxima ganancia. La irregularidad del sistema se acrecentó con las tutelas que obligaban a las EPS a ofrecer servicios que no estaban en el POS y condujo al Gobierno a cubrirlos por medio del Fosyga.

El resultado es bien conocido. Las EPS le cargan los servicios al Fosyga y éste les reconoce parte de los servicios; las EPS postergan los pagos a los hospitales y éstos incumplen los pagos a los médicos y a las farmacéuticas. Se configuró una organización piramidal en que el valor real de los activos es muy inferior al de los pasivos.

La introducción del nuevo POS y su unificación con tarifas diferenciales introduce más distorsiones. De suyo, las empresas monopolistas tienden a favorecer a los individuos de altos ingresos por tener una demanda más elástica y disponer de mayores medios para cambiar de empresa. La menor cotización del régimen subsidiado tan sólo modifica la forma de discriminación. Las empresas procederán a compensarla reduciendo la calidad de los servicios a los sectores menos favorecidos.

Antes de la expedición de la nueva ley, el sistema estaba totalmente desfinanciado. Ahora las cosas van a ser peores porque la ampliación de los usuarios y los servicios no corresponden al aumento de la cotización. La verdad es que los $5 billones (1% del PIB) que se destinan para cubrir el sistema subsidiado son insuficientes para darles acceso a servicios especializados a 11 millones de usuarios.

Los gobiernos desde un principio han buscado mantener el sistema entregando la administración a un monopolio. Dejaron en manos de las EPS la movilización de las enormes cotizaciones, el tipo de servicios entregados a los usuarios y el acceso a un fondo infinito de recursos públicos. Ahora, se pretende que asuman el subsidio y administren el total desbalance financiero. La respuesta no puede ser otra que el agravamiento del desorden actual. Inevitablemente se ampliarán los procedimientos para reducir la calidad de los servicios de acuerdo con la capacidad económica de los usuarios, acrecentar las pirámides financieras y trasladar las pérdidas y quiebras al Estado.

Por enésima vez se muestra que los fracasos de la salud se originan en la teoría de la privatización que inspiró la Ley 100. El lucro individual de las organizaciones monopolistas obstruye la universalización del servicio, y más cuando las cotizaciones son inferiores a los servicios ofrecidos. De hecho, se plantea una nueva visión que prescinda de la intermediación de las EPS, al tiempo que establezca las apropiaciones presupuestales y las cotizaciones contributivas que garanticen el cumplimiento adecuado de los programas. 

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