La Universidad Nacional está en riesgo

Durante el último trimestre de 2018, la nación vivió las marchas estudiantiles más grandes, originales y pacíficas de las que tengamos noticia en el país. De manera excepcional, los jóvenes fueron acompañados por sus profesores y rectores. Junto a ellos marcharon miles de estudiantes y profesores de las universidades privadas. La situación lo ameritaba: las universidades oficiales atravesaban una grave crisis financiera. Los sondeos de opinión, por primera vez, indicaron que más del 90% de la población estaba de acuerdo con las movilizaciones. No sobra recordarlo: sin educación pública de calidad, pondríamos en riesgo la democracia, porque se impediría la movilidad social.

Estas movilizaciones se originaron por la creciente desfinanciación de las universidades oficiales. Sin exagerar, algunos de los edificios comenzaron a caerse. La crisis financiera tuvo su origen en un modelo de transferencias adoptado en 1992 que estableció que cada año el Estado giraría el mismo monto del año anterior, incrementado en el IPC. El problema de dicho modelo es que el número de estudiantes se duplicó. En la práctica, el Estado estaba girando en el año 2018, por cada estudiante, la mitad de los recursos que transfería en 1992.

Las movilizaciones tuvieron como detonante la implementación de un programa gestado en las universidades privadas y avalado por el Estado, mediante el cual el gobierno se comprometió a transferir $4 billones para atender tan solo al 2% de los egresados de la educación media, denominado “Ser Pilo Paga”. En lenguaje cotidiano, es como si un padre le hubiera dado agüepanela a casi todos sus hijos, mientras gastaba la mayoría de sus recursos para alimentar con langosta a dos de ellos. La indignación se incrementó cuando los jóvenes conocieron que el Estado le giraba a la Universidad del Magdalena un millón de pesos por semestre por cada estudiante “pilo”, mientras le transfería hasta $24 millones a una universidad privada, por el mismo estudiante, de la misma carrera y semestre. De esta manera, un gigantesco volumen de dineros públicos se transfirieron al sector privado.

Las protestas de los estudiantes lograron algo impensable: el presidente de la República y la ministra de Educación se sentaron con los estudiantes para acordar incrementos especiales en los presupuestos entre el 2019 y el 2022. Pero como suele suceder en Colombia, se dieron soluciones de gobierno a un problema estructural que permanece y cuya solución tendría que ser propuesta por el Congreso de la República: reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Aun así, esto les permitió a las universidades oficiales subsistir durante el año 2019.

No obstante, el 2020 volvió a evidenciar el grave problema del sistema adoptado en el país para garantizar el financiamiento de la educación superior oficial: la mitad de los recursos los aporta el Estado y la otra mitad los tiene que conseguir la propia institución con matrículas y venta de servicios. Resulta que, fruto de la pandemia, cayeron en un 30% los estudiantes matriculados para el primer semestre de la Universidad Nacional y en un 40% lo hicieron los ingresos producto de la venta de servicios y asesorías por parte de la universidad.

El Gobierno nacional ha dicho que giró $1 billón para mitigar los efectos de la pandemia en las universidades oficiales, pero en realidad eso no es cierto, ya que el 90% de estos recursos corresponden a programas en curso y a los dineros acordados dos años atrás con los rectores y el movimiento estudiantil. En realidad, los nuevos recursos entregados por el MEN corresponden a $97.500 millones, el 10% de lo que afirma haber girado. Estos recursos tienen que repartirse entre las 63 instituciones y universidades oficiales. El Gobierno nacional ha querido mostrar los dineros girados fruto del acuerdo con los rectores y estudiantes en 2018, como si fueran recursos otorgados a raíz de la crisis generada por la pandemia. Al hacerlo, mezcla las dos crisis: la que se venía acumulando desde 1992 y la generada en el 2020 por la pandemia. De este monto, $5.200 millones están orientados a mitigar el déficit de la Universidad Nacional en 2020. Dado que la Nacional tiene un faltante de $77.000 millones para este año, los recursos girados por la nación tan solo corresponden al 6,8% del déficit. Por eso, tiene toda la razón el Consejo Superior al enviar una nueva carta al presidente solicitando recursos adicionales con el fin de subsistir durante el año en curso. Hasta ahora eso no ha sido posible y el alma mater del país sigue en riesgo.

La Universidad Nacional ha sido, como bien lo dice una carta abierta divulgada dos semanas atrás, el proyecto cultural más importante de la nación. Es la entidad que ha acompañado e impulsado en mayor medida la investigación, la ciencia y el arte en todo el país. Varios de sus proyectos trascienden los límites nacionales, como la Válvula de Hakim que ayuda en todo el mundo a las personas con hidrocefalia o el programa de las ‘madres canguro’ utilizado para salvar bebés en diversas regiones del planeta. Así mismo, la Nacional ha sido incansable en la construcción de paz. Desde los años 60 hasta el proceso de paz actual, sus docentes han investigado las causas de la violencia y aportado a sus soluciones. Su papel ha sido invaluable en la construcción de pensamiento crítico en la sociedad y determinante en la disminución de las brechas sociales y culturales de la nación.

De otro lado, el Auditorio León de Greiff ha sido emblema de música y cultura en el país, también el aula de clases de mayor trascendencia a nivel nacional. Sobrarían cientos de ejemplos, empezando por destacar algunos de sus egresados, pero el espacio de esta columna no me lo permitiría, ya que son 350.000 quienes han tenido la fortuna de culminar sus estudios durante sus primeros 152 años de vida.

Sería una tragedia para la democracia permanecer impávidos, viendo que el 26% de sus estudiantes de pregrado y el 35% de los de maestría tengan que retirarse del centro educativo más importante de la nación, el que más aporta en investigación y el que agrega más valor a sus estudiantes, según los cálculos en manos del ICFES. Sería otro hecho muy triste para la paz del país que se frustraran los proyectos de vida del 30% de sus 53.300 estudiantes, algunos de ellos precisamente en la sede de La Paz en Cesar. Sería un hecho de lamentar para la vida de la nación, que tantos jóvenes tengan que abandonar su proceso formativo para deambular con empleos informales por las calles de Bogotá y en ocho ciudades más.

El drama de la Universidad Nacional también lo viven muchos de los estudiantes de las universidades oficiales del país. Una buena parte de ellos ya han logrado apoyos especiales de las gobernaciones y alcaldías. La Nacional solo puede contar con el apoyo de la nación. Es cierto que la matrícula cero de manera permanente todavía no es viable en el país, pero en estas circunstancias excepcionales, en las universidades oficiales, la meta de un Estado democrático tiene que ser garantizar deserción cero y para eso se requiere de inversiones excepcionales.

Si otras fueran las circunstancias, no hay duda de que cientos de miles de jóvenes volverían a salir a las calles a exigirle al Estado claridad en sus prioridades. Esto no es posible y por eso las marchas tendrán que hacerse en las redes. Allí el grito tiene que retumbar. El 86% de los estudiantes afectados pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y un Estado no puede abandonar a sus hijos en el momento que más lo necesitan. Es la ocasión para conocer cuáles son las verdaderas prioridades de este Gobierno. Una cosa es priorizar los bancos y otra invertir en estos momentos en salud, alimentos, ciencia y educación. De la manera como se maneje esta grave crisis financiera para la Nacional, podremos saber la respuesta. La meta es muy sencilla: garantizar deserción cero de los estudiantes de la universidad que más aportes le ha dado al país. Ojalá amanezca pronto, para saber si la cumplimos.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).