La urgencia de abrir

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Las metas del último Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado por el Ministerio de Hacienda dan cuenta de una estimación de déficit fiscal del 8,1 % del PIB para 2020 y 5,1 % para 2021, con convergencia de las cifras fiscales a niveles prepandemia para el año 2022. Como ya lo han destacado algunos analistas, en particular la Anif, las metas se ven difíciles de cumplir, tanto por los supuestos de crecimiento de ingresos como por los de reducción de gastos.

Para la Anif, por ejemplo, las necesidades fiscales a 2030 son del 8 % del PIB, seis puntos más que el 2 % estimado como déficit estructural. De este diferencial, estima la Anif que 6 % es consecuencia de la pandemia y el 2 % adicional es por mayores inversiones sociales requeridas, también como consecuencia de la emergencia.

Detrás de las proyecciones de recaudo y gasto están las estimaciones de crecimiento de la economía, que son críticas para lograr no solamente la proyección de ingresos tributarios, sino la estimación de reducción del gasto por parte del Gobierno. De no lograrse estos estimados de crecimiento de la economía, muy posiblemente no se lograrán las metas fiscales proyectadas por el Gobierno.

Hay una franca preocupación, pues el crecimiento económico proviene de la actividad de los individuos y las empresas en el terreno, es decir, de la actividad económica local. El cumplimiento de las metas fiscales nacionales depende estrechamente de lo que las autoridades locales hagan en cada uno de sus territorios.

Y ahí es donde está el problema. La libertad que ha dado el Gobierno central a autoridades locales de abrir y cerrar la llave para la apertura económica ha resultado en un enredo de normas, en una disparidad enorme de la velocidad en que unas regiones y otras abren más sectores de la economía, todo lo cual genera, además de una gran confusión en la ciudadanía, un franco riesgo de que las cifras fiscales a nivel nacional no se cumplan.

Las estadísticas de recaudo de la DIAN para el año 2019, por ejemplo, dan cuenta de que Bogotá fue responsable del 55,3 % del recaudo de impuestos nacionales durante ese año, seguido por Medellín (14,2 %), Cartagena (6,0 %), Cali (5,7 %), Buenaventura (5,2 %) y Barranquilla (4,2 %). Estas seis ciudades fueron responsables por el 90,6 % del recaudo de tributos nacionales durante el año anterior a la pandemia.

Es evidente que la actividad económica de todas estas zonas ha estado profundamente afectada por la pandemia, en alguna medida por la incertidumbre y el miedo de la gente a salir a la calle o a sus lugares de trabajo por el riesgo de contagio, así como por la demora en comenzar a abrir sectores económicos que permitan la recuperación paulatina de la actividad. Y lo más grave es que, entre más se extiendan estas medidas (que, entre otras cosas, hoy probablemente no sirven de mucho para prevenir el contagio), seguramente los efectos económicos serán más permanentes.

El país se enteró hace poco de la increíble cifra de 28.000 restaurantes cerrados por siempre en todo el país. Esto es apenas una pequeña muestra. Y en la medida en que más se afecten las cuentas fiscales, más veremos aflorar la creatividad en las propuestas de cómo resolver el problema. Ideas que podrían resultar ser muy dañinas para la sociedad.

Es urgente comenzar a abrir la economía a pasos mucho más acelerados, y la llave la tienen alcaldes y gobernadores. Comienza a asomarse un panorama en donde la transferencia de poderes hacia autoridades locales será parte de eso que llaman el “nuevo normal”. ¿Será que vamos hacia una Colombia federal?

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