Por: Saúl Franco

La vacuna contra el VPH: un debate abierto y saludable (II)

La cantidad, calidad y diversidad de los comentarios y aportes recibidos a raíz de la columna anterior —que agradezco, valoro y traté de asimilar— me confirman lo álgido e importante del debate en cuestión, lo lejos que estamos de certezas y conclusiones definitivas sobre el tema, y la urgencia de anteponer en la discusión y en la práctica la salud de las mujeres, la equidad en salud y el rigor científico a los intereses y presiones comerciales, los prejuicios morales y las decisiones precipitadas.

No me queda ninguna duda de que en la aplicación y masificación de la vacuna del VPH contra el cáncer de cuello uterino —CaCu— está en juego un negocio millonario, concentrado en dos de las más grandes multinacionales de medicamentos: Merck Sharp and Dohme de los Estados Unidos, dueña de la patente del Gardasil, indicada para cuatro de los VPH implicados, y la británica GlaxoSmithKline, propietaria de la patente de Cervarix, la vacuna bivalente.

Algunos datos para tener una idea de la magnitud del negocio. En Europa el costo promedio por dosis de Gardasil era en 2015 de US$100. En la práctica privada colombiana, las tres dosis costaban inicialmente US$ 900. El Ministerio de Salud compró entre 2012, año en que lo introdujo en su programa de inmunizaciones, y 2014, cinco millones de dosis, con un costo aproximado de US$ 70 millones, lo que da un valor promedio de US$14 por vacuna. Trece países latinoamericanos compran actualmente la vacuna a un promedio de US$9 mediante un fondo de la OPS.  EE. UU. había adquirido 40 millones de dosis hasta septiembre de 2011. Australia seis millones hasta junio de 2010. En Japón se aplicaron más de ocho millones de dosis antes de que los médicos pidieran su suspensión por la cantidad y seriedad de efectos secundarios. En Inglaterra, claro, los millones de dosis no son de Gardasil sino de Cervarix.

Pero no es sólo la cuestión de las multimillonarias ganancias monopólicas. Es saber si, en términos de salud pública, es correcto concentrarse en atacar sólo y parcialmente una de las condiciones que pueden generar la enfermedad, y si se justifican tales inversiones en un medicamento cuyo éxito preventivo no está garantizado todavía dado que el CaCu demora más de 20 años en desarrollarse y aún no se llega a una década en el uso de estas vacunas.

Siguen también sin resolverse dilemas ético-políticos y de salud pública de gran calado. ¿Puede el Estado obligar a las niñas y adolescentes a aplicarse un producto sobre cuya seguridad, eficacia y efectos secundarios existen miles de cuestionamientos y demandas, muchas de ellas graves y fundamentadas? La Corte Constitucional colombiana, con su sentencia T-365, respondió hace poco que no.  Según la OMS, a nivel mundial sólo 71 países (37% del total) han incluido la vacuna y algunos, como India y Japón, la han suspendido. ¿Por qué, si existen razones de peso, no se aplica en este caso el principio de precaución, que aconseja que cuando un producto representa una amenaza potencial para la salud pública, deben tomarse medidas pertinentes “aunque la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de manera concluyente”?  ¿Vale la pena jugársela por una medida puntual, costosa para todos y riesgosa para las niñas y adolescentes en un problema crónico y complejo para el cual existen mecanismos de detección temprana —como el Papanicolau— y manejo preventivo, como el control ginecológico y el uso responsable del condón, ya probados y de costos moderados?

El debate sigue abierto. Y hay que seguir defendiendo las vacunas de eficacia y seguridad comprobadas y precios razonables, como lo son las de viruela, sarampión, difteria y polio. Pero, por falta de claridad, transparencia e independencia científicas; por la incertidumbre en su eficacia; por los múltiples riesgos; por estar convencido de que las vacunas deben ser bienes públicos de acceso universal, y por equidad de género y en salud, decido incluirme por ahora entre quienes consideran que debe aplicarse el principio de precaución con las vacunas del VPH. Y que, en consecuencia, debe suspenderse su aplicación masiva y obligatoria mientras se resuelven razonablemente las cuestiones y demandas planteadas.

* Médico social.

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