La venda social… y la judicial

PESE A LOS SENTIMIENTOS DE ODIO, menosprecio y burla no exentos de clasismo que Yidis Medina despierta, ella y sus confesiones adquieren cada vez mayor valor histórico, puesto que el jurídico parece haberse enredado en las entretelas del poder y de las influencias.

La verdad dicha por la ex representante ante la Corte Suprema y aceptada por ésta como cierta, cobra actualidad con el bochornoso espectáculo que se vio en la Cámara la semana pasada, cuando en medio de las penumbras y con Colombia dormida —en el sentido estricto y figurado del término—, sesionó para aprobar el referendo para una segunda reelección presidencial.

Del tamaño de la desfachatez que exhibieron los parlamentarios y los mismos involucrados en el trámite de la reelección en 2004, es la demostración de lo que provoca la impunidad entre los transgresores de la ley, o sea, que siempre hacen lo que les viene en gana. Si esta fuera una sociedad que estuviera sometida a las normas en condiciones de igualdad, Yidis merecería mayor consideración de la comunidad por haber revelado sus culpas y estar pagando por ellas, como corresponde en un Estado de Derecho. En cambio, los que hoy circulan orondos por el Capitolio, serían rechazados, no tendrían la capacidad de volver a modificar la Constitución con igual efecto que hace cuatro años, y en lugar de andar amedrentando congresistas, estarían condenados. O  habrían sido declarados inocentes con pruebas tan sólidas que nadie podría sospechar de la licitud de la decisión.

Pero lo que está aconteciendo, es decir, que los organismos judiciales dejen pasar los días sin pronunciarse, creyendo que así se diluye la memoria colectiva y se dispersa la responsabilidad de los investigados, es tan inexcusable que los investigadores compartirán los pecados de la viciosa aprobación del referendo para la segunda reelección. Es claro: si la Fiscalía y la Procuraduría hubieran actuado a tiempo (e incluyo a la Corte que no ha resuelto el caso de Teodolindo), la presencia desafiante del ministro Diego Palacios y de la asesora de la Casa de Nariño Claudia Salgado —quien trabaja para el Secretario Privado Bernardo Moreno— no habría sido posible: los tres tienen varias investigaciones abiertas por la yidispolítica.

A Yidis, que reafirmó ante la Corte lo que sucedió con comas, puntos, pelos y señales, la manipulada sociedad la percibe como una bandida. Y a quienes han manejado la campaña de descrédito contra ella, para salvar su pellejo o el de sus clientes, los ve como héroes dignos de tal confianza que les concede una re-reforma de la Carta. Aquí no hay salida: o la Sala Penal se equivocó creyendo en Yidis y condenándola por cohecho, o tenía la razón. Si los magistrados erraron, han debido rectificar hace rato ordenando la libertad de Teodolindo, e indicando de esa manera que Medina mintió. Si reposan en sus despachos las evidencias suficientes, los ministros, viceministros y consejeros presidenciales deberían de estar pagando sus penas en juicios impulsados por fiscales y procuradores. Así nos habrían evitado la “vergüenza” copiada del 2004 que describió el representante Germán Navas Talero hace unos días, por cierto, el primer parlamentario que habló de la componenda de entonces.

* Por vacaciones, esta columna deja de salir durante dos semanas.